La Conselleria de Sanidad Universal gastó en 2015 un total de 263,2 millones de euros en actividad concertada con empresas privadas, según figura en la Memoria de Gestión de este año publicada por este departamento y consultada por Europa Press.

De ellos, 180,6 millones correspondieron a actividad concertada y 82,6 millones por servicios que aparece como no concertada porque incluye "cuantías muy importante" de actividades cuyos contratos aún no se han renovado. Esta partida contabiliza también toda la actividad que se realiza con autorizaciones nominativas a pacientes con derecho a la atención sanitaria que no se ofrece desde los departamentos de salud.

Ante estos datos de facturación, la Conselleria señala que en 2015 se ha iniciado la revisión del marco contractual para garantizar "su estricto cumplimiento" e "intentar aumentar su grado de internalización" con el objetivo es "ir integrando de forma progresiva dichas actividades en el sistema público, realizándolas con recursos propios en la medida que sea posible".

De los 180,6 millones correspondieron a actividad concertada, la mayor cuantía fue para abonar el transporte sanitario, con 58 millones, Oncología con 50,5 millones, Resonancias magnéticas con 39,4 millones, Terapias respiratorias con 28,5 millones, Oftalmología con 2,9 millones euros y Rehabilitación foniátrica logopedia con 1,0 euros.

Asimismo, a esta cantidad se deben sumar las actividades no concertadas que ascienden a 82,5 millones de euros porque incluyen servicios de conciertos pero que no son contabilizados como tal porque los contratos han expirado y aún no se ha renovado como es el caso de la hemodiálisis ambulatoria, con 46,9 millones; el acelerador lineal de Elx, con 1,7 millones; la dispensación de metadona, con 2,5 millones euros o las técnicas de microcirugía con 602,49 euros.

Sanidad explica en la memoria que en 2015 se ha iniciado asimismo la revisión de las derivaciones para fijar "nuevas bases" en los contratos y "al orden de las derivaciones, a la fijación de criterios de calidad y precios comunes, al control de la actividad y de la facturación, así como al aumento de la internalización y de la disponibilidad de información".

La deuda pendiente total sanitaria a finales del ejercicio 2015 ascendía a 1.563 millones de euros, lo que supone un 22,87% menos que el año anterior. De esta cantidad, un 52% (812 millones) correspondía a resultas contabilizadas en 2015 y el resto (751 millones) a deuda pendiente de incorporar a la contabilidad presupuestaria.

CONCESIONES SANITARIAS

Asimismo, la memoria revela que al inicio de la actual legislatura, en mayo de 2015, el 68% de las liquidaciones anuales posibles (desde el inicio de los contratos de concesión hasta el ejercicio 2014) de los cinco hospitales de gestión privada estaban pendientes de aprobación.

Esto supone que únicamente se habían aprobado 12 liquidaciones anuales de las 38 posibles. Así, las liquidaciones aprobadas afectaban a los ejercicios 2003 al 2007 de la Concesión de la Ribera, aprobadas en distintos ejercicios entre los años 2004 al 2009, así como a las liquidaciones correspondientes al periodo 2006 al 2012 de la Concesión de Torrevieja, aprobadas todas ellas en el año 2014.

Al respecto, se recuerda que desde el inicio de la lagislatura se han iniciado los trabajos para "el aumento del control de las concesiones, de la actividad y del cumplimiento de los contratos". Asimismo, se han reorganizado las unidades responsables de llevar a cabo dichas tareas.

Así, señala que "dada la precariedad" de la situación de partida, y para conseguir un marco "estable" de colaboración y "con garantías jurídicas" con las concesionarias se autorizó la realización de auditorías económico-financieras integrales sobre la totalidad de las entidades concesionarias y subcontratadas por éstas.

Con ellas se pretende que la Intervención General analice el estado real de la situación económica de las concesiones, el análisis de su tasa interna de rentabilidad, la legalidad de los acuerdos adoptados por las Comisiones Mixtas, así como se valore "adecuadamente" el alcance de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales y extracontractuales.

Asimismo, les Corts autorizaron a la Sindicatura de Cuentas la realización de una auditoria operativa sobre la concesión de Manises, por su "especial complejidad" al tener judicializadas las liquidaciones propuestas hasta 2013.

Por último, se aprobaron a finales del ejercicio 2015 las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012 de la Concesión de La Ribera, así como el expediente para el pago de las obligaciones extracontractuales asumidas por la concesionaria, resultando un saldo final a favor de la Conselleria de 5,1 millones de euros.