La operación urbanística ideada por la Generalitat para rescatar suelo de Rabasa a los bancos y facilitar la implantación de Ikea en la única ubicación que contempla la multinacional sueca en Alicante se resquebraja. Uno de sus apoyos, el grupo de Compromís, dice no, tanto desde el Consell como desde el Ayuntamiento, a los planes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mientras el empresario Enrique Ortiz esté vinculado a los terrenos, pese a que inicialmente el portavoz municipal vio bien el proyecto. Y éste está vinculado a Ortiz, porque el Banco de Sabadell aún no ha ejecutado la hipoteca concedida en su día para hacerse con la propiedad. Mientras tanto, Ikea ha dado un nuevo paso al trasladar al gobierno local, a través de intermediarios, su intención de reducir a 40.000 metros cuadrados el centro comercial aparejado, insistiendo en Rabasa como único emplazamiento.
La condición de que el nombre del empresario no aparezca por ningún lado la pone Compromís para poder dar su apoyo a sus socios de gobierno en esta operación, que se ha conocido después de que el Consell derogase la Actuación Territorial Estratégica (ATE) a la que estaba vinculado Ortiz, que era otra de sus exigencias. Una postura en la que hacen frente común la Generalitat, el grupo municipal del Ayuntamiento y la ejecutiva local puesto que Compromís per Alacant se ha posicionado de la misma manera con una contundente resolución tras reunirse en la noche del lunes. En ella se reafirman en que «la llegada de IKEA, que consideramos positiva para la ciudad, tiene que desvincularse de cualquier sombra de corrupción y de beneficiar intereses especulativos privados, tal y como pasaba durante los años de gobierno del PP, donde pelotazos urbanísticos eran la contrapartida de prácticas de financiación ilegal de este partido político. Reiteramos nuestra oposición a que este tema se vea ensombrecido por cualquier duda de prácticas corruptas, irregulares, o simplemente especulativas en el ámbito urbanístico».
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, abordó con el grupo municipal de Alicante la nueva situación que se ha abierto sobre Ikea, con la misma premisa, que no exista, dijo, la mínima sombra del empresario Ortiz en medio de ningún aspecto de la operación urbanística «porque todo lo que ha hecho ha sido tóxico. Llevamos muchos años sufriendo tejemanejes y no nos fiamos». No obstante, Alcaraz considera que se ha abierto una posibilidad de diálogo con una salida. «En ese nuevo horizonte estamos dispuestos a jugar y no cerrarnos en banda aunque quedan asuntos oscuros a aclarar o no vamos a estar», reiteró.
Al conseller le consta que existe una propuesta, de la que se ha hablado con Puig y con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y que próximamente se abordará con la Dirección General de Urbanismo. Y ve positiva la plurifuncionalidad del nuevo proyecto que plantea Ikea para Rabasa «porque ya no hablamos de megacentro comercial».
Otras condiciones que se suman a que Ortiz «no aparezca por ningún sitio», son, afirma Alcaraz, que Ikea les comunique de quién es el suelo; que la multinacional negocie directamente con los poderes públicos, es decir, con Ayuntamiento y Generalitat, y no a través de intermediarios, y que les enseñe el proyecto; así como que se realice un debate de los diversos sectores de la sociedad alicantina, en el que debería tener relevancia el tema de los accesos a Rabasa.
La fórmula urbanística quedaría en un segundo plano porque Compromís considera que se podría modular si existen ciertas garantías aunque entienden el argumento de que debe desarrollarse en el marco del PGOU.
En la misma línea, el portavoz del tripartito que gobierna Alicante y concejal de Compromís, Natxo Bellido, declaró ayer que para que Ikea pueda instalarse en los terrenos de Rabasa, «la variable de Enrique Ortiz tiene que estar fuera, al igual que la sombra de corrupción». Sobre si esto supondría renunciar al suelo en Rabasa, indicó que no. «Es una propuesta a valorar, una salida que se está planteando, que hay que estudiar». Bellido insistió en que la compra de terrenos por parte de la Generalitat «no puede servir para que nadie pegue un pelotazo».
«Si los terrenos son de Ortiz, no pueden ser una solución para Ikea. Su llegada no puede servir para el beneficio de una agrupación empresarial que ha sido muy oscura».
