La reaparición de la sombra del empresario Enrique Ortiz en la operación de Ikea en Rabasa proyectada por el Consell al seguir como propietario de parte del suelo afectado amenaza con frenar la operación urbanística ideada por la Generalitat, que pretendía rescatar suelo de Rabasa a los bancos para facilitar la implantación de la firma sueca en Alicante, articulando una figura urbanística que sirva para dar paraguas legal a su iniciativa. Pero parte del suelo no es todavía propiedad de los bancos, sino de Ortiz, ya que no se ha ejecutado la hipoteca que pesa sobre los mismos, según fuentes consultadas por este diario.
Este dato favorece las posiciones contrarias al proyecto, como la del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que ya sacó la artillería el fin de semana en redes sociales, mostrando su contrariedad con el plan diseñado por el Consell para comprar suelo a los bancos con el fin de favorecer la instalación de la empresa sueca en Rabasa. La intención de la Generalitat, apoyada por el alcalde, Gabriel Echávarri, es diseñar una operación que quedara libre de toda sospecha urbanística y que al mismo tiempo evitara la fuga de la multinacional, descartando Alicante. De hecho, el presidente del Consell, Ximo Puig, quiere crear una comisión de vigilancia del desarrollo de la operación, que dirigirán el conseller de Transparencia, el alicantino Manuel Alcaraz, y el director general de Urbanismo, Lluis Ferrando, para eliminar suspicacias. El empresario Enrique Ortiz, por su parte, dijo ayer que no va a estar en la gestión del proyecto ni en la propiedad.
La empresa sueca ha vuelto a manifestar que solo contempla la ubicación de Rabasa para instalarse en Alicante. La multinacional ha eliminado de su presupuesto los 250 millones que contemplaba para invertir en Alicante, con lo que para incluir dinero para la tienda alicantina exige seguridad política que evite que se vuelva a repetir la incertidumbre de la última década.
El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, preguntado ayer sobre si el Consell estaría dispuesto a comprar terrenos a Ortiz, respondió que «no sé de quién es el suelo de la actuación porque no lo he visto, qué áreas ocupa, o si (el empresario) tiene suelo o no. Estamos dispuestos a favorecer la llegada de Ikea a Alicante y no hay más». El regidor defendió el papel del Ayuntamiento como «agente facilitador» para la implantación de Ikea frente a «gente a la que se le está cayendo la careta, que no quiere que llegue Ikea y que están poniendo cualquier excusa», dijo en alusión al vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, el único opuesto en el Ayuntamiento al proyecto del Consell.
Echávarri reivindicó fórmulas como el PAI de iniciativa pública, «que no está inventado por este alcalde ni por el presidente de la Generalitat, que se va a hacer en Elche. Lo que es bueno para un sitio, ¿por qué no lo va a ser para el otro?». El primer edil se refiere a la empresa pública municipal de Elche, Pimesa, que, para poder ampliar el polígono industrial, compra terrenos a pequeños propietarios, y los subasta. El regidor dijo que es solo una idea, «Rabasa estaba enfangado, con un mal nombre, pero si no hay sospecha de especulación, es igual de bueno que otro sitio.La idea era quitar toda sospecha de corrupción porque si lo compra la Generalitat y se lo pone a disposición de Ikea no hay nada de eso, no va a hacer nada turbio. Sería un agente regulador de algo transparente y limpio, pero si se convierte en un obstáculo, adiós».
Por su parte, Pavón dijo tener «serias dudas» sobre que se utilice dinero público para comprar unos terrenos «que a día de hoy, siguen siendo en su mayoría de Enrique Ortiz y sus empresas». Pavón no ve factible para Alicante la fórmula de Elche que compra terrenos a pequeños propietarios. «Allí no tienen adjudicatario predefinido, y aquí Ikea lleva detrás la figura de Ortiz».
También el portavoz del PP, principal grupo de la oposición, Luis Barcala, dijo ayer tener «muchas dudas» sobre la operación y dijo no ver «muy claro» que Ortiz traspase sus terrenos a los bancos y la Generalitat se los recompre, lo que generaría una serie de plusvalías que «engordaría el precio de los terrenos». Barcala pidió que se reúna la comisión que se creó sobre Ikea para fijar una postura común del Ayuntamiento.
