La ratificación de Educación ante la patronal de centros concertados sobre la próxima supresión de conciertos de Bachillerato siempre que haya plazas públicas vacantes -sólo en Alicante y Elche las vacantes en los institutos superan las 800 plazas-, ha extendido al profesorado la alarma ya expresada por los padres, que prevén movilizaciones.

Sindicatos como CC OO se mostraron ayer molestos por no haber sido convocados por la conselleria, dada la «trascendencia laboral» que implica la modificación de conciertos. «Tiene repercusiones laborales muy importantes para el profesorado, y por ello desde CC OO, como organización sindical que lucha por defender los derechos laborales y educativos, entendemos que debemos participar desde el primer momento».

FSIE recuerda por su parte que cerca de 3.000 profesionales, «docentes y no docentes en más de 270 centros en la Comunidad Valenciana, cuentan con alguna unidad concertada en Bachillerato o Formación Profesional, cuya contribución social no merece ser desprestigiada, ni su estabilidad laboral puesta en entredicho por intereses políticos o partidistas, por más que sean legítimos».

Para este sindicato, la demanda social de las familias que en los últimos años sigue optando «de forma importante» por centros concertados en estos niveles, «ha de erigirse en verdadero y único árbitro de la planificación educativa».

Desde CC OO también recuerdan el preacuerdo firmado a finales de julio sobre medidas de recolocación en caso de despidos, «pero la supresión de conciertos de bachillerato abre otra problemática si los centros deciden privatizar las aulas. Puede suponer, si no lo remediamos, una pérdida salarial de más de 360 euros mensuales y aumentar la vulnerabilidad y precariedad de los puestos de trabajo», precisan.

Por ello exigen «participación en el establecimiento de criterios para el mantenimiento o no de los conciertos educativos, en base a la elaboración de un mapa escolar que permita la optimización de los recursos públicos en materia de educación». Y no olvidan la «adopción de medidas que salvaguarden todos los derechos de los trabajadores del sector, tanto económicas como de estabilidad en el empleo». Quieren que se empiece a abordar la solución a la «nueva problemática», e instan a la patronal a que colabore en ello.