El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, firmó un decreto el pasado 23 de agosto en el que se negaba la licencia al local ubicado en Playa de San Juan cuyo propietario ha presentado una querella contra el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, y contra una arquitecta técnica del Ayuntamiento precisamente por denegarle esta autorización.
En el documento, que obra en la citada querella, se dispone no acceder a la solicitud planteada por el dueño del local (ubicado en los bajos del edificio Don Juan, donde estuvo durante años la discoteca Oku) «por contravenir los informes técnicos (...) y ser contrario a la ordenación urbanística».
El denunciante, José Blanco Corral, acusa al vicealcalde y responsable de Urbanismo de «ocultar» informes técnicos «para favorecer a su amigo José Luis Romero», abogado de la comunidad de propietarios desde 2014.
En el decreto firmado por el regidor se recogen expresiones como que las obras para las que solicitaba la licencia fueron ejecutadas «de forma clandestina e ilegal» y afirmaciones como que «obviamente la edificación ilegal no debía tener la primera ocupación según el informe técnico que se comparte íntegramente».
Aún así, el malestar del denunciante se dirige únicamente contra Pavón, de quien dice que ha actuado «con arbitrariedad» y en contra del criterio de varios técnicos municipales, como la Jefa del Departamento de Licencias. La querella ha sido admitida a trámite por el juez, que ha abierto diligencias.
Avalar
Sobre el decreto Echávarri quiso dejar claro que se rubricó con firma electrónica en ausencia de Pavón, que se encontraba de vacaciones. «Yo firmo lo de deja Miguel Ángel cuando no está igual que él firma lo mío cuando me ausento, pero eso no significa que conozca todos los asuntos», precisó el alcalde, quien no quiso pronunciarse sobre la legalidad o no de las citadas obras. «No puedo avalar la decisión de Pavón en este asunto en concreto porque no lo conozco a fondo, lo que sí avalo es a mi compañero de Gobierno y lo haré siempre que no tenga conocimiento de que lo que hace no se ajusta a la legalidad», precisó el primer edil.
