El interventor general del Ayuntamiento de Alicante pide al equipo de gobierno -integrado por PSOE, Compromís y Guanyar- que tome medidas para evitar que los contratos menores que se firman en el Consistorio guarden notables diferencias entre ellos en función del órgano firmante.

En un informe, el alto funcionario realiza hasta cuatro recomendaciones generales en respuesta a la gestión realizada por el Ayuntamiento que se sometían a aprobación. Entre los puntos destacan las cuestiones relativas a la contratación, donde el interventor pone el foco en los contratos menores que se firman, por su falta de uniformidad. «El tratamiento no es común», explica en el texto, en el que se hace énfasis en que existen órganos municipales que al formalizar contratos menores, «los someten a determinados trámites previos y otros no». Por este motivo, recomienda el interventor, es «conveniente elaborar una regulación de los contratos menores». También incide en la existencia de «varios» modelos de certificación de obra y de servicios y suministros que se utilizan en los diversos órganos municipales. «Resulta conveniente -continúa el escrito- homogenizar los modelos».

El interventor pone la lupa en los diferentes criterios que se utilizan en la administración municipal alicantina a la hora de formalizar contratos menores, una situación heredada de la etapa del PP, en la que tampoco existía un patrón uniforme. Conforme a la legalidad vigente, las áreas municipales pueden abrir el procedimiento a un concurso de varias empresas o conceder el contrato menor a una entidad «a dedo».

El interventor también subraya los beneficios que supondría para la administración alicantina que la prestación de algunas competencias se hiciesen desde un único centro gestor, y no de forma dispersa como a día de hoy. «Redundaría en una reducción de coste y en una mejora en la gestión», añade el funcionario, en referencia a inversiones en vías públicas en Atención Urbana, Comercio o Urbanismo, al igual que en la reparación y conservación de edificios. En el informe, el interventor también reclama al gobierno municipal que, en materia de subvenciones, «evite» las concesiones «prepagables» por tratarse de un «área de riesgo».