La Generalitat pagará residencias privadas a dependientes por falta de plazas en las públicas

La lista de solicitantes de atención residencial en la Comunidad suma 2.000 inscritos que esperan una media de dos años

07.10.2016 | 01:15
La Generalitat pagará residencias privadas a dependientes por falta de plazas en las públicas

Si el Consell no puede ofrecerles la plaza pública que les corresponde por ley en una residencia, les ofrecerá una «prestación económica» a cambio. ¿El objetivo? Compensar a los usuarios de una lista de espera que ya suma 2.000 dependientes que sufren una demora de dos años hasta que se les concede la plaza residencial que solicitaron.

Este es el plan de choque que ha ideado la consellera de Igualdad y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra –a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2017– para paliar las consecuencias del «modelo Cotino», implantado en las residencias de mayores durante años. Así, si la Administración no puede ofrecer el recurso al que tiene derecho la persona dependiente, les dará el dinero que cuesta la plaza privada (mediante la aplicación de una fórmula) para «garantizar el acceso a un recurso de atención residencial en igualdad de condiciones económicos que los beneficiarios de una plaza pública».

De hecho, el Consell reconoce en el anteproyecto de ley que actualmente «existe una lista de espera de 2.000 personas dependientes que solicitan atención residencial, que no pueden ser atendidos por la Administración y se estima un tiempo de espera de dos años en la concesión, por lo que procede regular una prestación sustitutoria de forma que los usuarios accedan al recurso de atención residencial en igualdad de condiciones».

Para ello, el Consell ha modificado la orden 21/2012, de 25 de octubre, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y sus familias en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana. Así se modifican varios apartados para explicar que cuando «no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia en un radio de 20 kilómetros se pone por primera vez una distancia al domicilio que antes no existía ya que se ceñía a «toda la provincia» o la plaza no se considere adecuada por el interesado por su grado de dependencia se ofertará al usuario, como medida sustitutiva de la plaza pública, la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio residencial». De esta manera, la Conselleria de Igualdad que preside Oltra garantiza por primera vez, sí o sí (o por concesión o por una ayuda para sufragar la misma), una plaza residencial a menos de 20 kilómetros del domicilio del usuario.

Prestación a determinar

Ahora bien, la cuantía de la ayuda en cuestión aún está por determinar ya que la «fórmula» a la que hace referencia la ley de acompañamiento es una ayuda que iguala el «coste real del servicio» descontando, eso sí, la «aportación» que deba hacer el usuario, en función de la cuota de la tasa de atención residencial calculada conforme lo establezca la Ley de Tasa de la Generalitat Valenciana vigente en cada momento».

Pero, ¿cuál es el coste real del servicio? Para establecer una cifra, la Conselleria de Igualdad negocia ahora con la patronal una especie de «precio público» para las residencias, aunque en el texto se especifica que será «el importe que figure en el contrato asistencial, y como máximo, el coste de referencia establecido cada año por Ley, relativo al Servicio de Atención Residencial». La tasa en cuestión que corre a cuenta del usuario también está por concretar ya que se desconoce si será fija o si se establecerá en función de la renta.

De momento, esta es la solución planteada por el Consell para compensar a aquellos dependientes que llevan años esperando una plaza pública en una residencia, tras abonar desde junio del pasado año un total de 206,5 millones de euros en prestaciones económicas para personas en situación de dependencia, en concepto de las nóminas ordinarias mensuales, retrasos, retroactividad y pagos a herederos de personas ya fallecidas.

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