Un juzgado investiga si Pavón prevaricó por no dar licencia a un bazar en Playa de San Juan

El propietario del local acusa al edil de Urbanismo de «ocultar» informes técnicos para favorecer a «su amigo» José Luis Romero, abogado de la comunidad de propietarios anexa. El vicealcalde esgrime que la obra «es ilegal» y que si le diera la autorización, es cuando «estaría prevaricando»

06.10.2016 | 21:13
El local está abierto, dado que Urbanismo no ha resuelto un recurso y decretado el cierre

­El Juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante ha admitido a trámite la querella presentada por el propietario de un local comercial de Playa de San Juan contra el edil de Urbanismo y vicealcalde de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y una arquitecta técnica del Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación en la denegación de la licencia para un bazar en la Playa de San Juan.

El denunciante acusa a Pavón de actuar con «arbitrariedad» y en contra del criterio de varios técnicos municipales como el de la Jefa del Departamento de Licencias- para favorecer a «su amigo personal y compañero de partido político» José Luis Romero, quien, según el dueño del local, ejerce de abogado de la Comunidad de Propietarios del edificio anexo al bazar, que se opone a la actividad. Pavón, por su parte, esgrime que la obra «es ilegal porque no se ajusta a la licencia de obras que se le dio en 2004» y que, de dar autorización para la actividad, estaría «prevaricando».

El auto del juez, de 28 de septiembre, considera que los hechos recogidos en la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación». En la resolución judicial se admite a trámite la denuncia y se incoan diligencias previas, dando traslado de la misma a los querellados y pidiendo una copia de la demanda que, paralelamente, el dueño del local presentó en un juzgado de lo Contencioso. En la querella se pide al juez que reclame al Ayuntamiento toda la documentación, así como la declaración de Pavón y de la arquitecta técnica.

El local en cuestión -donde estuvo durante años la antigua discoteca OKU- se ubica en la avenida Costa Blanca, en los bajos del edificio Don Juan, y la litigiosidad sobre el mismo se remonta al año 2005. Tras un litigio judicial con la Comunidad de Propietarios, la Concejalía de Urbanismo dictó en febrero de 2013 un decreto para «demoler lo construido y dejar la parcela ajardinada». Sin embargo, tras las alegaciones del propietario, la concejalía -entonces dirigida por la edil del PP, Marta García Romeu- dictó dos decretos posteriores (en julio de 2013) en los que únicamente se obligaba a demoler las obras realizadas por encima de la planta baja. Algo que los vecinos volvieron a llevar al juzgado, con un recurso Contencioso Administrativo que fue archivado y una querella por presunta prevaricación, que también fue archivada, contra la exedil del PP Marta García-Romeu, por el juzgado de Instrucción 9 (el mismo que ahora investiga la denuncia contra Pavón).

En 2015 el propietario del local lo alquiló para destinarlo a un bazar cuyo trámite «es más sencillo y basta con una declaración responsable de primera ocupación» para su apertura. Así se solicitó a Urbanismo en mayo de 2015 y, ante la falta de respuesta, el propietario entendió concedida la licencia por silencio administrativo el 15 de junio de 2015, ya con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante y con Miguel Ángel Pavón al frente de la Concejalía de Urbanismo.

El denunciante esgrime que, ante su petición, Pavón reacciona de manera «injusta y arbitraria» y haciendo «oídos sordos» a varios técnicos municipales para denegar -en agosto de 2015- el silencio administrativo y la licencia de primera ocupación, atendiendo únicamente al informe emitido por la arquitecto técnica también denunciada por prevaricación. El propietario del local cuestiona que, antes de ello, Pavón se reuniera con los vecinos y con Romero, pero no con él y resta validez al informe con reparos de la arquitecta técnica, de la que dice «no tiene competencia ni capacidad por su titulación para emitir dictámenes estructurales y urbanísticos».

El denunciante considera que la técnico se basa en el decreto inicial (febrero de 2013) que obligaba a demoler todo el edificio y obvia los dos posteriores (julio de 2013) «que avalan el local de la planta baja». Considera que el informe de la técnico «destila arbitrariedad» y que hay uno posterior de una superior, la jefa del Departamento de Autorizaciones y Licencias, que acepta el recurso que presentó el denunciante y que es partidario de darle la licencia.

El denunciante, sin embargo, acusa a Pavón de «ocultar, retener y negar la firma del citado decreto favorable» por «motivos personales». El dueño del local señala que su recurso sigue sin resolver y que el decreto favorable de la jefa de Licencias sólo se incorporó al expediente, sin la firma del concejal, cuando el juzgado de lo Contencioso Administrativo (que tramita un recurso del denunciante por esta cuestión) pidió toda la documentación.

A Pavón «le da exactamente igual y, en una decisión unilateral de difícil explicación, salvo que quieras favorecer a un tercero, antepone el informe anulado de la aparejadora, a pesar de haber sido este sustituido y corregido por el departamento de Licencias». El denunciante agrega que otros técnicos se han mostrado, a lo largo del proceso, favorables a conceder la licencia y contrarios a reabrir, como pretendió Pavón, un nuevo expediente para la demolición íntegra de la construcción. Un expediente «ya archivado y caducado», esgrime el denunciante, quien lamenta que en el expediente no figure un informe jurídico.

La parte denunciante explica que el local se mantiene abierto porque no se ha resuelto explícitamente el último recurso ante el Ayuntamiento presentado por el propietario. Al respecto, Pavón admite que «tiene denegados los efectos de la primera ocupación», pero señala que «no se ha decretado la paralización de la actividad» por estar pendiente un procedimiento Contencioso Administrativo y ahora la querella.

Pavón considera que este asunto es «un marrón heredado del PP». Al respecto, recuerda que en 2004 se dio licencia «para reformar» el edificio existente -la antigua discoteca- y que lo que se hizo fue «demolerla por completo y construir una nueva». Una demolición que, argumenta, no estaba amparada en esa licencia. En ello justifica la denegación, ahora, del permiso de primera ocupación. «Hay un informe que dice que no se ajusta a la licencia concedida en 2004 y la obra no es legalizable en ningún caso», esgrime Pavón en alusión al informe de la arquitecta técnica. «Si la doy, estoy prevaricando. Esto se ha acabado en esta ciudad», dijo.

En cuanto al informe de la jefa del Departamento de Licencias, favorable a la concesión de la licencia de ocupación, Pavón discrepa: «Dice que el Ayuntamiento ha reconocido la legalidad de la construcción, pero yo eso no lo veo por ningún lado». Pavón incide en que el informe de la arquitecta técnica es «concluyente y no lo puedo obviar».

Pavón asume que en este asunto, «decida lo que decida» podía acabar en «una querella, sino del promotor, de los vecinos». El edil de Urbanismo esgrime que el Síndic de Greuges «nos ha pedido que iniciamos un expediente para demoler la edificación que, a su juicio, es ilegal». Sin embargo, el denunciante asegura que desde el Ayuntamiento se le envió documentación «sesgada». Sobre el hecho de que José Luis Romero sea abogado de la parte contraria (los vecinos), Pavón añadió: «Me da igual, yo veo los informes».

Pavón incidió en que «esto no es una ciudad sin ley y no podemos legalizar algo ilegalizable» y agregó que «lo volvería a hacer». Para el edil, el denunciante «tiene la cara muy dura„ y resulta «incomprensible» que en época de García Romeu no se le obligara a demoler la edificación, según el responsable de Urbanismo.

REACCIONES
El portavoz del grupo municipal popular de Alicante, Luis Barcala, ha expresado su "máximo respeto a la actuación de la justicia y solicitar, como en cualquier otro caso, rapidez en la resolución del procedimiento. Una justicia lenta no es justicia. En este caso no hacemos una valoración distinta a la que podamos hacer con cualquier otro político".

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