La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante quieren evitar por todos los medios la fuga del proyecto de Ikea. Apenas 24 horas de la decisión del Consell de finiquitar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que el PP impulsó para garantizar un plan manchado en aquel momento por la figura del promotor Enrique Ortiz, el presidente Ximo Puig y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ya mantuvieron una primera conversación informal en Madrid que continuaron el pasado lunes en Valencia. Y aunque el proceso está aún en fase embrionaria, el Consell y el primer edil ya tienen una hoja de ruta: la Generalitat está dispuesto a rescatar suelo de Rabasa a los bancos -terrenos que tuvo que entregar en su día Ortiz para saldar deudas ante el retraso del proyecto- para facilitar así la llegada de la multinacional sueca y a impulsar una figura urbanística que permita dar un paraguas de legalidad al conjunto de esa inversión.
Puig y Echávarri ya tomaron contacto de ese nuevo escenario durante un receso del comité federal del PSOE del pasado sábado. En la conversación que ambos tuvieron el pasado lunes en el Palau, el presidente de la Generalitat y el alcalde de Alicante llegaron a la conclusión de que, en estos momentos, la ciudad no puede dejar escapar el proyecto. Sería una baza para el gobierno municipal de Gabriel Echávarri de cara a impulsar la gestión a lo largo de la segunda mitad del mandato. «No se puede dejar perder Ikea. No podemos dejar pasar una inversión tan importante para la ciudad de Alicante», apuntaron fuentes conocedoras de los contactos. La multinacional tiene preferencia por los terrenos de Rabasa, que ahora son propiedad de los bancos después de que Enrique Ortiz -imputado en Gürtel y Brugal- los tuviera que entregar como dación en pago para abordar las deudas que se acumulaban por los retrasos en la tramitación de un proyecto bajo la sombra de la polémica por la figura del empresario.
La solución que se ha barajado en esos primeros encuentros entre Ximo Puig y Gabriel Echávarri pasa por recuperar el suelo y ofrecerlo a Ikea. ¿Cómo? Negociando con los bancos para rescatar terreno que, en estos momentos y si el proyecto se mantiene bloqueado, no tiene ningún valor. En las parcelas que se liberen, en principio y de acuerdo con las conversaciones mantenidas hasta ahora, se instalaría la planta de Ikea y una zona adyacente -se baraja una extensión de unos 50.000 metros cuadrados- con tiendas de impacto limitado y que generen el menor perjuicio posible al comercio de la ciudad de Alicante. La Generalitat entiende, además, que en esa área se debería reservar una importante dotación de suelo para equipamientos públicos. Entre los proyectos que están encima de la mesa, aunque no sería en ningún caso la única opción, la construcción de un tercer hospital para atender a la capital y a todo el conjunto de la comarca de l'Alacantí. Una segunda reserva de terreno tendría como destino la instalación de un complejo deportivo.
Una vez se libere el suelo que ahora tienen los bancos, la segunda pata de esa hoja de ruta en la que van a trabajar la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante pasaría por articular una fórmula legal para poder dar cobertura administrativa a los trámites. Como se recordará, el Consell liquidó la figura de la ATE y ahora tendrá que trabajar en una solución alternativa. Podría pasar por un plan urbanístico similar al que la Generalitat está dispuesta a impulsar en Elche para ampliar en 300.000 metros cuadrados las instalaciones de Tempe, la empresa que comercializa y distribuye calzado ycomplementos que el grupo Inditex destina a marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius. Pero, de todas maneras, esa operación urbanística se ahormaría a la normativa y a las necesidades del proyecto que pueda requerir Ikea en Alicante.
Tanto el presidente de la Generalitat como el primer edil alicantino, Gabriel Echávarri, convinieron, en cualquier caso, que el proyecto para facilitar la llegada de la multinacional sueca a la capital alicantina requiere a la vez que se garantice que la inversión se queda al margen por completo de la «especulación» que, en opinión de las dos administraciones, suponía el plan de Enrique Ortiz. Que debe cumplirse a rajatabla la normativa. La conselleria de Medio Ambiente, controlada por la rama verde de Compromís, está siendo muy estricta a la hora de otorgar autorizaciones de proyectos. Y, finalmente, que se pueda alcanzar un gran consenso social que evite cualquier conflicto con los comerciantes.
