La organización conservacionista Ecologistas en Acción se ha sumado a la cadena de solidaridad con el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, tras el altercado que protagonizó la semana pasada con un grupo de trabajadores de Puerto por el conflicto de los graneles, y exige en un comunicado que el Puerto reaccione, pida la licencia ambiental que reclama el Ayuntamiento (el Puerto sostiene que no es de su competencia) y mejore las medidas preventivas contra la contaminación en el movimiento de los graneles en el muelle 17. Los ecologistas condenan también la presunta agresión física sufrida por el edil (los trabajadores admiten los insultos pero niegan las acusaciones de Pavón de que hubiera zancadillas y golpes). De momento, el abogado de EU sigue barajando si al final se presenta la denuncia porque hasta el momento no hay imágenes con la que apoyarla, lo que ha bloqueado, de momento, las intenciones del edil, que espera la decisión de sus abogados.

«Ecologistas en Acción muestra su solidaridad al concejal de Urbanismo de "Guanyar Alacant" Miguel Ángel Pavón, ante la agresión que un grupo de trabajadores del puerto efectuó el pasado 21 de septiembre, tras la reunión del consejo de administración del Puerto del Alicante. La exigencia de la solicitud de la licencia ambiental por parte del Ayuntamiento de Alicante es del todo lógica y razonable, teniendo en cuenta que en ese recinto se desarrollan actividades con un gran impacto ambiental, como es la carga y descarga de graneles sólidos y líquidos, y que la Autoridad Ambiental ha exigido a ese organismo autónomo la preceptiva autorización de emisiones a la atmósfera exigida por la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera», subrayan los ecologistas.

«La intoxicación y falta de información veraz que han recibido esos trabajadores, identificando esas exigencias con la posible destrucción de puestos de trabajo, está falta de sentido y lejana a la realidad. En otros puertos esas exigencias son las mismas que ahora se están exigiendo al Puerto de Alicante y no se han producido despidos o disminución de la actividad, sino una mejor regulación, con adopción temprana de medidas correctoras. Puede ser discutible que esa exigencia se haga al Puerto y no a las empresas titulares de esas actividades contaminantes, pero es indiscutible desde el punto de vista legal que a esas actividades se les exija autorizaciones y licencias ambientales para su desarrollo y control», subrayan.

Según Ecologistas en Acción, la gestión ambiental del Puerto de Alicante deja mucho que desear. En 2006 aprobó la instalación de una planta de biodiésel que fue contestada y anulada por la presión vecinal y los recursos antes los tribunales. Carece de un sistema de gestión ambiental y de un plan anterior de contingencias por contaminación marina accidental, al contrario de la mayoría de los Puertos del Estado (como por ejemplo Valencia entre otros). La gestión de los residuos sólidos generados en el Puerto es desconocida y la respuesta a las quejas vecinales por las molestias causadas por la carga y descarga de granes sólidos ha sido tardía e insuficiente».

El Puerto firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante en materia ambiental y se han adoptado medidas correctoras, como la instalación de pantallas físicas y vegetales, la medición del nivel de inmisión de partículas PM10, ha sido a consecuencia de las constantes quejas vecinales y del Síndic de Greuges que ha dado la razón a las mismas, según Ecologistas en Acción.