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Hacienda «peina» 40 municipios de la provincia en busca de obras ilegales

El Gobierno revisa las poblaciones con drones para detectar modificaciones en las viviendas que no se han declarado

Hacienda «peina» 40 municipios de la provincia en busca de obras ilegales

El Ministerio de Hacienda no sólo ha focalizado sus esfuerzos en la contención del déficit de las administraciones públicas. El departamento de Cristóbal Montoro también ha puesto en marcha un plan para determinar si los impuestos que abonan los españoles por sus propiedades inmobiliarias son los correctos o, por el contrario, están pagando menos de lo que deberían. Una caseta de campo que ha acabado convertida en vivienda, la ampliación de la casa, una habitación más en la terraza del ático, un balcón cerrado que aumenta los metros cuadrados del piso... Mediante una serie de drones que toman fotografías, el Ministerio de Hacienda está revisando desde el cielo si los tributos que pagan los propietarios de diversos inmuebles urbanos y rústicos son los adecuados o si se han realizado obras que implican pagar un impuesto mayor por un aumento del valor catastral.

Sólo en la provincia de Alicante, Hacienda está realizando durante este año una revisión en profundidad en 40 localidades. Elche, Novelda, Crevillent, Ibi, La Nucía, Orihuela... El Gobierno ya ha comenzado a notificar a los propietarios las irregularidades encontradas en sus propiedades. En términos económicos, el coste de esta regularización catastral es de una tasa de 60 euros por cada inmueble detectado, que se destinará a pagar los trámites administrativos. A este importe se suma además el derivado del incremento por las construcciones o modificaciones -que se tendría que haber abonado en años anteriores en concepto de impuestos, pero no se pagó-. Y, por último, se puede imponer también una sanción económica que, en último extremo, podría alcanzar los 6.000 euros.

Ahora bien, diversos expertos alertan de errores en la detección de obras y otras alteraciones no declaradas en los inmuebles. Una piscina de plástico que consta como si fuera de obra, un toldo que es interpretado por el Ministerio como si se tratara de una habitación más de la casa...

Así lo aseguran desde la empresa Impuestalia -firma especializada e la Optimización Impositiva de IBI y otros tributos asociados a la tenencia o transmisión de bienes inmuebles-, que estima errores en al menos un 7% de las propiedades a los que el Catastro notifica una modificación del valor catastral. Por ello, desde la empresa instan a revisar con detalle las notificaciones. De hecho, existen 15 días de plazo para presentar alegaciones. En la notificación se incluye un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite consultar, a través de la sede electrónica del Catastro, la situación del inmueble antes y después de la regularización para poder ver las discrepancias detectadas. Y si hay errores en la notificación del Ministerio se debe realizar rápido la disconformidad, tal y como aseguran desde Impuestalia.

Así, este plan extraordinario, conocido como «los drones de Montoro», tiene por objeto sacar a la luz las variaciones inmobiliarias que se han llevado a cabo en los últimos años y que no han sido declaradas. Y, por tanto, que habrían conllevado el mayor pago de impuestos. Sin embargo puede haber errores en las notificaciones. Por ello existe un plazo de 15 días antes de que el expediente se cierre y reclamar se convierta en una misión imposible.

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