Quizá si el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, hubiera puesto tanto interés en tratar de solucionar el conflicto del movimiento de graneles en el Puerto de Alicante como el que puso para que Juan Antonio Gisbert, presidente de la Autoridad Portuaria, accediese a ceder suelo para que el Spring Festival, organizado por el que hoy es su jefe de gabinete, de la pasada primavera se celebrara en los muelles (misiva incluida recordando lo interesante que era para la ciudad), su vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, no estaría hoy en el centro de la diana de los estibadores que mueven los graneles.
Quizá si el propio Pavón hubiera aceptado alguna de las ofertas que los trabajadores portuarios le han hecho en los últimos meses para comprobar en directo cómo es la operativa de los graneles, tampoco se encontraría hoy a punto de no poder ir al puerto ni a contemplar las gaviotas.
Quizá si Alicante hubiera entendido alguna vez que la integración puerto-ciudad era algo más que abrir una serie de pubs, no nos hubiésemos encontrado con la impresentable imagen de un concejal, un tipo tan honrado como cabezón y que no conoce lo que es la mano izquierda pese a su ideología, acosado por un grupo de ciudadanos, porque los portuarios también son vecinos de Alicante, que piensan que con sus acciones el edil pone en peligro el arroz o las habichuelas que se juegan día a día y que dependen, en su caso, de que en el muelle 17 entren barcos y se mueva granel.
Quizá si Alicante hubiera tenido unos gestores que se preocuparan por la ciudad, no hubiéramos llegado a este punto. Alicante necesita un Puerto industrial, grúas y humo, como lo ha tenido siempre, y así se decidió cuando se aprobó que la dársena creciera hacia el sur hacia la oficina europea. Lo malo es que los mismos que bendecían esa expansión también acordaron el crecimiento urbano hacia la misma zona recalificando terrenos y permitiendo la edificación de miles de viviendas a cuyos compradores tampoco se les contó la verdad, encontrándose a la entrega de las llaves con que frente a sus terrazas no estaba la tercera zona lúdica del Puerto con restaurantes marineros, sino un muelle multipropósito en el que se mueve cemento, y el cemento genera polvo, y en Alicante el levante es un vecino más, por muchas barreras cortavientos que se levanten.
¿Quién tiene la culpa ahora? Ni la tienen los trabajadores ni la tienen los vecinos, cuya reivindicación es tan respetable como la de los estibadores. El alcalde Gabriel Echávarri, los concejales Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón y el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, han heredado una «patata caliente» cierto, pero su obligación es enfriarla y solucionarla, porque la actividad no puede pararse y tampoco se puede trasladar a una zona que no sea un puerto pegado al mar. Para eso les pagamos y gobernar es solucionar, por mucho que te ampare éste o aquel reglamento.
La imagen de un concejal zarandeado verbalmente (lo de si hubo agresión deberá determinarlo el juez, si es que el caso llega al Juzgado) no es admisible, como tampoco lo es sacar el término fascismo a pasear, o el ataque oportuno e interesado desde el refugio y el altavoz de las redes sociales. El tema de los graneles necesita una solución, un acuerdo inmediato y si los que lo deben resolver no saben hacerlo, que se vayan y cedan sus sillones a gente más competente.
Ayer, el presidente de la asociación que representa a las 2.500 familias cuyo sustento depende la actividad de los muelles., José Castell, lanzó una propuesta de lo más razonable. Busquemos expertos independientes que decidan sobre qué hacer para que el tráfico de graneles sea sostenible.
