El vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, denunció ayer en un comunicado que había recibido «insultos, empujones y zancadillas» por parte de un grupo de trabajadores del Puerto de Alicante al término del consejo de administración de la Autoridad Portuaria del que forma parte. Pavón, que llegó a calificar de «fascismo» lo sucedido tras el consejo, se había acercado a los trabajadores para, según el edil, explicarles su postura sobre el tema del movimiento de graneles. Pavón anunció, a media tarde, que denunciará a los presuntos agresores a la Policía Nacional. Los trabajadores rechazaron, por su parte, que se hubiera producido algún tipo de agresión física sobre el concejal.
El contencioso sobre la forma de mover los graneles sólidos en el Puerto lleva varios años de polémica por las denuncias de los vecinos del entorno, que sostienen que es contaminante, y se ha calentado en las últimas semanas tras un decreto del concejal instando al Puerto a solicitar la licencia ambiental. Permiso que los servicios jurídicos portuarios entienden que no es de su competencia. Ayer, el consejo aprobó remitir al Ayuntamiento un recurso de reposición y autorizó al presidente, Juan Antonio Gisbert, a ir a los tribunales, vía contencioso-administrativo, si el Consistorio no da marcha atrás y reclama la licencia a las empresas que realizan la operativa y no al Puerto.
Frente a la sede de la Autoridad Portuaria se citaron unos setenta trabajadores del puerto, la mayoría de ellos estibadores que descargan los graneles, quienes censuraron la iniciativa de Pavón, al considerar que pone en riesgo sus puestos de trabajo. En su nota, Pavón señaló que «hoy varias personas, si merecen esa condición, que han participado en una concentración frente a la sede de la Autoridad Portuaria con dos pancartas, con lemas rechazando que la actividad portuaria produzca contaminación alguna, me han agredido físicamente cuando tras el consejo de administración del Puerto me he acercado junto al alcalde a hablar con ellos». Pavón lamentó que «ni siquiera han querido escucharme y han considerado como una provocación que simplemente me acercara, recibiendo por su parte insultos, empujones y zancadillas, incluso, cuando me alejaba de ellos para evitar que las agresiones fueran a más», describió el edil. Según Pavón, «fascismo al más puro estilo», ante lo cual añadió en su comunicado «que sepan los valientes que me han agredido que no conseguirán doblegarnos».
El consejo de administración del Puerto de Alicante sirvió ayer, por otro lado, para que los tres portavoces del tripartito que gobierna el Ayuntamiento de la capital de la provincia, el alcalde Gabriel Echávarri, el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, y el portavoz Natxo Bellido, volvieran a escenificar la división del equipo de gobierno. El consejo aprobaba la presentación de un recurso de reposición contra el decreto el edil de Urbanismo, Pavón, en el que insta al Puerto a pedir licencia para el polémico movimiento de graneles. No hubo ni que votar, ya que se acordó por unanimidad tras abandonar previamente la reunión los tres ediles, a su vez consejeros, que eludieron de esta forma su responsabilidad en el asunto. Echávarri y Bellido porque consideran que existe un conflicto de intereses y Miguel Ángel Pavón por recomendación de la abogada del Estado. Los cargos públicos tampoco pueden abstenerse. Es decir, o votan sí o votan no, pero no pueden ser ambiguos.
Como Pavón sostiene que la solicitud de licencia no va contra la actividad de los graneles ni contra los trabajadores, el edil optó por marcharse como habían decidido sus compañeros de ayuntamiento y dejó perplejos al resto de los miembros del consejo. «Era el momento de haber votado no a la presentación de un recurso contra su propio de decreto, pero decidió nadar entre dos aguas y así no se puede ser», subrayó uno de los consejeros, que aseguró que ese era el sentir del resto de los miembros. Un portavoz autorizado de la Autoridad Portuaria también mostró la sorpresa por la actitud del edil.
Finalmente, el consejo autorizó al presidente, Juan Antonio Gisbert, a presentar el recurso en el Ayuntamiento y de no variar la postura del Consistorio. Gisbert también está respaldado a iniciar una reclamación judicial por la Vía de lo contencioso administrativo.
