Dos de las tres federaciones de padres de alumnos de la provincia, además de la Plataforma de las AMPA de Torrevieja, no aceptan el nuevo modelo de plurilingüismo cuyo borrador ha hecho público el conseller de Educación, Vicent Marzà, porque consideran que es una «trampa» y que se hace «chantaje» al vincular el incremento del aprendizaje en inglésinglés, en el que todos están de acuerdo, con el incremento, a su vez, de la enseñanza en valenciano.
Únicamente el representante de la federación de padres de centros públicos Enric Valor, a expensas de debatirlo con el resto de integrantes en una próxima asamblea, se pronuncia a favor de la normativa. Raúl Alòs precisa que no le parece problemático para nadie que se ligue dar más materias en inglés con aumentar también el valenciano, pero demanda una inversión realmente efectiva en formación del profesorado «dejando al margen cuestiones políticas», para que todos los centros, sean de la zona que sean, dispongan de «los mejores especialistas en cada una de las lenguas».
Ni a la otra formación de padres provincial de centros públicos, la federación Gabriel Miró, ni a la representante de los centros concertados, Julia María Llopis, les parece de recibo que los niños deban estudiar más en valenciano para incrementar sus conocimientos del ingles también. «Se coarta la libertad de elección haciendo trampas al solitario. Nos parece injusto discriminar a quien no quiera dar más clases en valenciano, en lugar de premiar al que sí lo haga. Ahí ya se impone una diferenciación en el alumnado, al negarles el B1 de inglés». Ramón López declara indignado que «si no lo vas a dar, no dé la opción a elegir para después acabar penalizando al que no elige lo que usted quiere». Le parece que en este sentido la administración hace «dejación de funciones» por dejar la decisión en manos de los centros.
Para el conseller, sin embargo, que asegura estar abierto a debatir sobre cuantas cuestiones del decreto generen dudas, el decreto parte de lo que ya se hace, «no fuerza nada» porque «no es un cambio de hoy para mañana, nosotros no hacemos promesas» -explica- y lo que se pretende es «incentivar a los centros a mejorar».
De hecho, preguntado sobre la evidente competitividad que se creará entre centros a la hora de contar con más o menos enseñanza de lenguas, Marzá, junto al secretario autonómico Miguel Soler, admiten que será una «competitividad sana porque todos queremos mejorar y se hace desde el consenso de la comunidad educativa», -el decreto determina que el nivel lingüístico de cada centro lo deben votar los dos tercios de cada consejo escolar-. «Si yo fuera uno de esos padres -precisó Soler- incentivaría a que mi centro diera el paso».
Agravios
En el caso de los colegios concertados, serán los directores los que decidirán si aumentan o no la enseñanza en lenguas. Julia María Llopis, representante provincial y autonómica de los padres de estos centros, insiste en ver como un «chantaje total» la «imposición» del valenciano para incrementar el inglés. Opina que Marzà sitúa el inglés «como lengua secundaria, pero la utiliza como chantaje para imponer el valenciano: si quiere que sus hijos aprendan inglés, tiene que comerse con patatas el valenciano. Los padres tendremos que seguir pagando una academia de inglés para que nuestros hijos sepan hablarlo», lamentó.
Desde Torrevieja, Francisco Pacheco sostiene por la Plataforma de AMPA que en una zona tan turística donde «la cultura del valenciano no existe», el decreto «fuerza lo que no hay», provoca «agravios comparativos» y también lo ve como un «chantaje».
