El Ministerio de Fomento trabaja in extremis para evitar que el próximo 1 de octubre se cierre al tráfico la circunvalación de Alicante. El futuro de esta vía está ligado al de las autopistas radiales quebradas R-3 y R-5, ambas en Madrid, ya que sobre ellas pesa una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que el pasado mes de mayo dictó su liquidación. Y dado que la circunvalación de Alicante se encuentra dentro del mismo proceso concursal de ambas, si éstas terminan cerrando el próximo 1 de octubre, la de Alicante también quedaría fuera de servicio.
El Gobierno ha comenzado a negociar «intensamente y en estrecha colaboración» con la administración concursal de las dos autopistas y la circunvalación con el único fin de garantizar la continuidad del servicio. Entre las distintas soluciones que se barajan no se descarta que Fomento asuma la gestión de la explotación de las dos radiales, que unen Madrid con Navalcarnero y con Arganda, según informaron fuentes inmersas en las negociaciones.
De esta forma, se repetiría un hecho similar al del túnel bajo los Pirineos que une por AVE España y Francia, que será asumido por los dos Estados ante la quiebra de la empresa privada de ACS y Eiffage que lo construyó y lo explota hasta ahora.
La asunción de infraestructuras construidas mediante contratos de concesión por parte del Estado conlleva el riesgo de que se active la denominiada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) ante las empresas privadas que las construyeron, lo que supondría una factura de cientos de millones de euros para el Estado. Las autopistas R-3 y R-5, participadas por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, forman parte de las ocho autopistas de peaje que se declararon en quiebra hace unos años.
Las dos vías llegaron el pasado mes de mayo al final de su proceso concursal -en el que también se encuentra la circunvalación de Alicante- y, ante la negativa de su banca acreedora a aceptar el plan de rescate planteado por Fomento, el Juzgado dictó su liquidación. Ésta se sumó a las que ya se habían decretado para otras autopistas, la M12 que conecta Madrid con el aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda. Todos los casos fueron recurridos por el Ministerio ante la Audiencia Provincial con el fin de demorar la disolución y ganar tiempo.
