El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) ha condenado a la Generalitat a costear tres proyectos de una ONG alicantina que, en su día, tumbó la Conselleria de Cooperación, dirigida por Rafael Blasco, con criterios «arbitrarios». En concreto, el departamento que por entonces dirigía el hoy condenado por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por el «caso Cooperación» impidió la subvención para un proyecto de «apoyo a familias de Bainet (Haití) tras los daños en la agricultura por el ciclón Tomás y para el fortalecer sus capacidades de respuesta frente a desastres naturales y epidemias», para otro de «promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania con un enfoque basado en Derechos Humanos» y para un tercero de «fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar el acceso sostenible al agua potable en dos comunidades» de un municipio de El Salvador.

La última sentencia del TSJ , con fecha del 20 de julio, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Solidaridad Internacional del País Valenciano -una ONG de ámbito autonómico con sede en Alicante- contra un acuerdo tomado el 6 de abril de 2011 por el conseller de Solidaridad. Rafael Blasco fue titular de este departamento entre junio de 2007 y junio de 2011. Tras las autonómicas de este último año, Blasco siguió durante algo más de un año como portavoz del grupo popular en las Cortes, pero ya sin responsabilidades en el Consell. La sentencia establece que la Generalitat adeuda a Solidaridad Internacional un importe económico de 155.721 euros para la subvención a programas y proyectos en acción humanitaria, relativos a una convocatoria que se inició en noviembre de 2010.

Fuentes de la ONG con sede en Alicante sostienen que, a partir de ahora, tendrán que ajustar el proyecto que en su momento tumbó Blasco -en un gestión con sentencias firmes de corrupción y con casos aún pendientes en los juzgados- porque al situación en Haití ha cambiado seis años después de que un huracán azotara al país más pobre de América.

Para ese año 2011 -los tres proyectos forman parte de la misma convocatoria-, la Conselleria de Cooperación aprobó un presupuesto de 13,3 millones de euros. Del total, Solidaridad Internacional se quedó sin ninguna ayuda por la decisión de la Comisión Técnica encargada de valorar las propuestas. En su momento, la conselleria argumentó «criterios estrictamente técnicos», aunque ahora la justicia ha dictaminado que la valoración que se dio a los tres proyectos no era adecuada conforme a los criterios establecidos en las bases. La sentencia recoge que la decisión de la conselleria, con Blasco al frente, es «arbitraria». A su vez, subraya que en las conductas relativas a la adjudicación de las ayudas se detectaron «diversos tipos delictivos».

Blasco ingresó en la prisión Picassent a mediados del pasado año para cumplir una condena de seis años y medio de prisión por desviar de 1,8 millones de euros que debían ir a proyectos en Nicaragua y acabaron invertidos en inmuebles en Valencia. Del «caso Cooperación», que le ha llevado a la cárcel, aún quedan dos piezas pendientes de juicio. El exconseller del PP ha pedido una rebaja de la condena y de la indemnización a cambio de confesar.