«La situación actual de la adopción en la Comunidad Valenciana es de colapso total, por la falta de medios humanos y materiales, y por una mezcla de diversos factores». Con estas palabras define Ruth Martínez, presidenta de la asociación «Adoptants», cómo está la situación actual para los padres de la Comunidad que desean adoptar. Ruth Martínez revela que al día de hoy, si una pareja inicia los procedimientos para la adopción «tardará 9 o 10 años» en ver convertido en realidad su sueño. Por la complejidad de la normativa vigente y la lentitud de la administración, en especial de los funcionarios y jefes de servicio de la Conselleria de Políticas Inclusivas, señala la presidenta de Adoptants.

Esta asociación, que agrupa a 200 asociados que están en diversas fases del proceso para adoptar, asegura que hay «cerca de 3.000 familias valencianas con una solicitud de adopción abierta», remarca Ruth Martínez. Con matices, «entre ellas, hay familias con idoneidad para recibir al niño y otras en proceso de obtenerla». Si se tiene en cuenta que cada año, como media, se asignan unos 60 pequeños, la proporción entre padres en condiciones de adoptar y niños candidatos a ser adoptados es «estratosférica».

Esta portavoz revela además que el sistema de protección del menor es «absolutamente deficiente». Funciona por inercia, porque una parte de los procedimientos los realizan centros, fundaciones o asociaciones, externas a la conselleria. El problema además «crece de forma exponencial año tras año», y la falta de recursos materiales y humanos genera daños colaterales. Como que los pequeños candidatos a ser adoptados «pasan más tiempo del que deberían en familias acogidas». Respecto a si con el nuevo gobierno de la Generalitat (PSPV y Compromís) ha cambiado «el colapso» al que se refiere la presidenta de «Adoptants», la respuesta es sí en las formas pero no en el fondo. «Ha cambiado radicalmente la manera de escuchar a los colectivos y ser receptivos a esas demandas», subraya Martínez, pero en realidad luego eso «no se traslada al día a día porque tienen en casa al enemigo». Porque los funcionarios y jefes de servicio de la Conselleria de Políticas Inclusivas «tienen mucha experiencia llevan muchos años trabajando con menores y están curados de espanto, de manera que sólo los casos gravísimos se convierten en prioritarios», indica.