El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, replica a su socio de gobierno y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que antes de decretar el cierre de la actividad de los graneles en el Puerto, debe discernirse quien debe pedir la licencia ambiental municipal: la Autoridad Portuaria o las empresas que realizan esta actividad.

Pavón y el Consell entienden que es la Autoridad Portuaria y, de hecho, el edil de Urbanismo ha dado de plazo hasta el 24 de septiembre para que desde el puerto pidan la licencia ambiental al Ayuntamiento. De lo contrario, Pavón advierte que «previa audiencia al titular de la actividad, podrá decretarse la suspensión del funcionamiento de la actividad, con independencia de la incoación de expediente sancionador cuando proceda».

Echávarri, no obstante, quiso «tranquilizar» a los trabajadores e incidió en que hay una discrepancia que habrá que resolverse y después «exigir todas las obligaciones al sujeto obligado». Según el primer edil, hay informes contradictorios sobre quién debe pedir la licencia y ese paso debe resolverse primero, antes de reclamar la petición de licencia a la Autoridad Portuaria.