El equipo de gobierno de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) corre un velo sobre la gestión de la edil de Guanyar Julia Angulo en las áreas de Vivienda y Acción Social después de que se haya hecho público que el gerente del Patronato de la Vivienda advirtió a la regidora, mediante un correo electrónico, de que él no iba a tolerar presiones con los pisos sociales y que la jefa de servicio de Acción Social dimitió por «incompatibilidad» con la edil. Ni el alcalde, Gabriel Echávarri, ni el vicealcalde y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, hicieron declaraciones al respecto, mientras el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, se limitó a asegurar que las valoraciones del gerente se enmarcan en «un correo de trabajo y lo extraño es que se haya filtrado», además de asegurar de que «se trabaja sin presiones en todas las concejalías y no tengo motivos para pensar lo contrario».
La concejal no adscrita Nerea Belmonte „expulsada de Guanyar, que gestionó ambas áreas hasta marzo„ considera que el triparto actúa con una «doble vara» y exige que se le dé el mismo trato a Angulo que a ella: «Si a mí me echaron por una cuestión estética „por adjudicar un contrato menor a una empresa de su entorno personal y político„, aquí hay una cuestión estética y ética porque se incumplen los pactos alcanzados. Se me echó porque no era de EU, sino de Podemos y sobraba para sus intereses».
La exedil de Acción Social y Vivienda Nerea Belmonte considera que «Angulo incumple el programa electoral y el pacto de gobierno» en cuanto a la ayuda «a gentes sin recursos» porque, subraya, tanto en la adjudicación de 41 viviendas en julio (25 de ellas comprados a bancos) como en las ayudas de 150.000 euros al alquiler recién aprobadas «se excluye a quienes no tienen unos ingresos mínimos». Esto último, incide, «incumple» el acuerdo del tripartito con Stop Desahucios.
Mientras, la oposición (PP y Ciudadanos) denuncia falta de transparencia en la gestión de las viviendas sociales y, en el caso de los populares, recuerdan que llevan dos meses esperando los expedientes de la polémica adjudicación de pisos sociales en julio, entre cuyos beneficiarios había conocidos de Angulo.
Como desveló este diario, el gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor, remitió un extenso correo electrónico a Angulo y a otros responsables de Acción Social a mediados de julio en el que advertía: «Yo ya no voy a aceptar la presión de la PAH (Stop Desahucios) para sus recomendados y las soluciones de emergencia para ellos por el miedo a las repercusiones mediáticas y por el miedo a acciones como acampadas». En el escrito, el gerente aludía a una llamada desde la Concejalía de Acción Social y a la visita de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en busca de una solución para una persona que ocupaba una vivienda ilegalmente y que, apuntaba, podría tener una ayuda para el alquiler.
«Las personas que ellos acompañan tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos y deben ser tratados en igualdad de condiciones y por los mismos canales que estén establecidos», escribió en el correo, en el que también consideraba que «la ocupación ilegal no puede ser una fórmula de acceso a una vivienda pública» y que «no podemos recomendar a un propietario que alquile una vivienda a quien no tiene ningún ingreso con la promesa de una ayuda de alquiler que no se sabe ni de cuánto dinero ni por cuánto tiempo». Un escrito que Mayor calificó, al ser preguntado por este diario, «de trabajo, interno y autocrítico» y que Angulo dijo no tomar como una crítica.
Sin embargo, las afirmaciones del gerente del Patronato de la Vivienda han generado polvareda. Desde Stop Desahucios, Desireé Gómez, sostiene que «la ocupación ilegal es consencuencia de la falta de políticas de vivienda social en la Comunidad Valenciana» y afirma que «no llevamos recomendados, sino a familias que están en la calle» y que «nunca hemos usado la chapa de la PAH para obtener un trato de favor».
Tanto Belmonte como el edil del PP Israel Cortés denuncian que el tripartito todavía no les ha dado la documentación sobre las adjudicciones de viviendas en julio, en las que Angulo se ausentó al admitir que conocía a varios beneficiarios.
