El gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor, advirtió en un mail remitido a la edil de Acción Social y Vivienda, Julia Angulo, que no tolerará presiones en la gestión de las viviendas sociales. «Yo ya no voy a aceptar la presión de la PAH (Stop Desahucios) para sus recomendados y las soluciones de emergencia para ellos por el miedo a las repercusiones mediáticas y por el miedo a acciones como acampadas», zanjó Gaspar Mayor en el escrito remitido a mediados de julio a la regidora y a otros responsables del área de Acción Social.
El gerente de Vivienda esgrimió: «Las personas que ellos acompañan tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos y deben ser tratados en igualdad de condiciones y por los mismos canales que estén establecidos. Yo no voy a saltarme los derechos reconocidos de alguien porque aparezcan ellos». Estas consideraciones las hizo, según explicaba en el encabezado del escrito, tras «la llamada de la Concejalía de Acción Social y la visita de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)» en busca de una solución a través del programa de Intermediación Social Inmobiliaria el Ayuntamiento media con propietarios para ofrecer alquileres sociales a quienes lo necesitan para una persona que ocupaba una vivienda ilegalmente y que, apuntó, podría tener una ayuda para el alquiler.
Mayor entiende que, en el caso de ocupas ilegales, «no puede dárseles directamente una solución de vivienda mientras haya gente en las listas de espera». Esgrime, además, que en el caso del programa de intermediación «no podemos recomendar a un propietario que alquile una vivienda a quien no tiene ningún ingreso con la promesa de una ayuda al alquiler que no se sabe ni de cuánto dinero ni por cuánto tiempo». En su opinión, sería «una irresponsabilidad y acabaríamos con el programa en muy poco tiempo». En cuanto a las tres viviendas consideradas de emergencia de las que dispone el Patronato de la Vivienda sostiene que «no podemos utilizarlas alquilándolas nosotros directamente a quien se nos proponga desde servicios sociales, como ha ocurrido en una solicitud que nos ha llegado» y agrega que «si la vivienda está a nuestra disposición, la tenemos que alquilar a la lista de espera porque nos pueden reclamar».
Preguntado al respecto, Mayor se reafirma en lo que escribió, pero quiso puntualizar, sin embargo, que se trata de una «opinión que debe valorarse como un escrito de trabajo, interno y autocrítico», recordando que él es gerente del Patronato de la Vivienda y afirmando que su idea «no es de criticar a nadie». Gaspar Mayor agregó que «son cosas de trabajo y en todo hemos avanzado» desde la fecha del escrito.
En cuanto a las ayudas para el alquiler, el gerente de la Vivienda consideró en su escrito que deben dirigirse «a quien ya está en alquiler» y que supone «un riesgo ligarlas a las ocupaciones ilegales». Ayer, la Junta de Gobierno Local aprobó una partida de 150.000 euros para estas ayudas y en la propuesta se señalaba que se dirigen «a particulares, con ingresos muy bajos que se encontraran en el umbral de un posible desahucio y que, aún realizando un enorme esfuerzo, no lograran mantener al día sus obligaciones en el pago de su vivienda».
No es el único técnico que cuestiona la gestión de Angulo. La que fuera jefa de servicio de Acción Social, Juana Sánchez Ríos, dimitió a finales de julio aduciendo «incompatibilidad» con la gestión de la concejala. La dimisión de la jefa de servicio de Acción Social se comunicó el 28 de julio y su puesto ya ha sido cubierto sin que el tripartito haya informado públicamente al respecto. La funcionaria que cubría la jefatura nombrada durante la etapa en la que la edil Nerea Belmonte gestionaba la Concejalía presentó su dimisión como jefa de servicio por su «incompatibilidad» con Angulo. En concreto, «debido a la incompatibilidad en cuanto a las formas de actuar, valorar y establecer líneas de trabajo que, en mi opinión, ya habíamos superado hace años y que de seguir supondrá un retroceso en el trabajo social en la ciudad», como ella misma relató a varios compañeros en un correo electrónico enviado un día después de formalizar su dimisión y en el que explicaba que regresaría a su puesto de psicóloga.
Sánchez Ríos esgrimió que «la desconfianza y desvalorización» sobre «los profesionales de los centros sociales y de nuestro trabajo, me resulta muy difícil de aceptar». Agregó que «el hecho de que no confíe en mi criterio y que me contradiga en público sobre cuestiones acordadas entre ambas dejándome en evidencia, es para mí una falta de respeto que no voy a consentir» y agregó que «desde el principio tuvimos problemas que no hemos sido capaces de superar», en alusión a Angulo. A preguntas de este diario, Sánchez Ríos confirmó que su dimisión fue efectiva desde el mismo día que lo pidió y se remitió a las explicaciones que figuran en el escrito al que ha tenido acceso este diario.
