La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la provincia de Alicante (Cepyme) recurrirá el Catálogo de Protecciones propuesto por el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, y pide al alcalde, Gabriel Echávarri, que «tome cartas en el asunto» que considera «de una trascendencia vital para la ciudad, su desarrollo, actividad y presupuesto».

El presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, advierte de que la protección de inmuebles y otros espacios «podría costar a la ciudad una cifra superior a los 250 millones de euros» en indemnizaciones. Navarro asegura que «no existe un informe de impacto económico que valore la viabilidad de esta actuación» y subraya que «la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en referencia a las reclamaciones de los intereses particulares, convierten el catálogo en un problema económico insalvable». Explica que la ampliación del radio de protección de elementos como las Torres de la Huerta «afecta a parcelas de uso urbano que quedan inservibles» y que, según apuntó, podría acarrear la reclamación de indemnizaciones. Según afirma el también director de Urbana IDR (una empresa de rehabilitación y eficiencia energética), «el Ayuntamiento tiene que cambiar el uso de suelo a través del Plan General de Ordenación Urbana y esto es un atajo».

En el comunicado remitido por el comité ejecutivo de Cepyme se destaca, además, las «graves infracciones cometidas en su redacción y tramitación, que son incompatibles con la legalidad». Cepyme incide en que «la herramienta de protección de inmuebles y espacios protegidos no puede utilizarse como sustituto de la verdadera actuación del planeamiento urbanístico, que debe ser el Plan General de Ordenación Urbana». En este caso, desde Cepyme consideran que «se ha utilizado la protección de inmuebles y espacios para afectar a la futura actuación del Plan General, sin tener que sufrir la tramitación legal necesaria».

Los empresarios agregan que «la protección de edificios no debe ser incompatible con los criterios de eficiencia energética que impone la necesidad económica y energética del presente y del futuro». Al respecto, consideran que «se puede proteger el patrimonio inmobiliario sin la radicalidad del inmovilismo en las actuaciones».

Desde Cepyme critican la «ausencia de participación empresarial» y que no se haya contado con organizaciones empresariales para elaborar el catálogo y valorar sus consecuencias. Por todo ello, realizan «un llamamiento» al alcalde para que «tome cartas en el asunto».