La ley prevé hasta 20 años de cárcel para el autor

La reforma aprobada por el PP en 2015 permite construir en el terreno quemado «por razones imperiosas de interés general»

06.09.2016 | 01:04

Hasta 20 años de prisión. Sería la pena máxima a la que podrían condenar al presunto pirómano que habría provocado los incendios que están arrasando Xàbia y Benitatxell desde la tarde del domingo. Se trata de la medida que contempla el Código Civil español, entre 10 y 20 años de cárcel y el pago de una multa de 18 a 24 meses, en caso de que un incendio forestal provocado ponga en peligro la vida de una persona. Para ello, el fiscal correspondiente debería acreditar tal hecho en el juicio.

Si no se probara que hubo vidas humanas en peligro, la condena se reduciría considerablemente. La reforma del Código Penal, que entró en vigor el 31 de julio de 2015, endureció los castigos a los incendios provocados cuando estos alcanzaran especial gravedad y determinadas circunstancias. Así, prevé condenas de 3 a 6 años de prisión y multa de 18 a 24 meses en estos supuestos, frente a las penas de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses que hasta el momento se estipulaban.

La reforma incluye como agravantes los incendios que afecten a espacios naturales protegidos, que sean especialmente lesivos con el medio ambiente, que se produzcan en áreas cercanas a zonas habitadas y aquellos que aprovechen las circunstancias meteorológicas para hacer mayor daño. Situaciones todas ellas que podrían haberse dado en los fuegos de Benitatxell y Xàbia.

¿Qué pasará con el suelo?

Por otra parte, en cuanto a lo que ocurrirá con el suelo que ha sido devastado por las llamas, la reforma de la Ley de Montes de 2015 aprobada por el PP supuso un gran cambio en la normativa. Si bien hasta ese momento estaba prohibido construir en terreno forestal quemado durante los 30 años posteriores al incendio, la nueva legislación pone una excepción que en su día ya conllevó cierta polémica. Los terrenos podrían ser recalificados en caso de que «concurran razones imperiosas de interés general de primer orden». Eso sí, la misma ley señala que para ello deberán adoptarse «medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada». La oposición, las ONG y los ecologistas, entre otros, ya mostraron su profundo rechazo a la normativa.

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