Ni con el Gobierno, ni con el Consell. Nueve meses después y en el tercer y más intenso año consecutivo de sequía, la provincia de Alicante sigue sin resolver la llegada de agua por el trasvase Júcar-Vinalopó que, pese a la claudicación de los regantes a la toma de Cortes de Pallás, sólo traerá este año doce de los hasta 50 hm3 que debían haber llegado en virtud del acuerdo a que la Junta Central de Usuarios llegó con el Ministerio de Agricultura en diciembre de 2015. Ambas partes siguen negociando los términos de un convenio que no acaba de firmarse, y al que se suma la inoperancia del Consell, maniatado, además, al no contar con los fondos para la construcción del postrasvase de la margen izquierda, la que debe llevar el agua del Júcar a Monóvar, Novelda, Monforte del Cid, Petrer y Agost.
Una obra que dejó pendiente el Consell de Fabra y sigue perdida en el limbo de la tramitación. En abril se anunció la exposición pública de la primera fase (embalse de Toscar-Agost) y una inversión de 3,7 millones de euros para este mismo año de un total de 46 millones que cuesta el proyecto. Pasa el tiempo pero todo sigue en la fase del anuncio, mientras los agricultores esperan un agua que llega a cuenta a gotas tras una inversión de 400 millones de euros. Desde que el Ministerio de Agricultura diera por finalizadas las obras del trasvase hace ya cuatro años, a las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí sólo han llegado 20 hm3 desde el Júcar, cuando por la propia ley del trasvase hubieran correspondido hasta 320 hm3. Un auténtico disparate que ni resolvió el PP, ni parece que pueda hacerlo el bipartito que gestiona el Consell, de naturaleza además antitrasvasista pese a su tibia defensa del Tajo-Segura y, como sucedió con los gobierno populares, plegado a los agricultores de la Ribera valenciana frente a los intereses del Vinalopó. La conclusión no puede ser más alarmante. En el tercer año consecutivo de sequía a una buena parte de la provincia sólo llega agua para evitar un descalabro ambiental en la explotaciones agrarias y el resto (Vega Baja), vive de prestado.
En el protocolo acordado en diciembre de 2015, los regantes del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa aceptaron recibir un trasvase anual de 50 hm3 para regadío (de momento 12 hm3 este año) desde el Azud de la Marquesa, toma del agua donde los propios informes del Ministerio de Agricultura detectan varios meses al año la presencia de restos de insecticidas. Un azud que no se construyó para fines agrícolas sino para mover un molino, y que había sido sistemáticamente rechazado por la Junta Central de Usuarios desde 2005, cuando el gobierno socialista cambió la toma.
A cambio, la ministra García-Tejerina aceptó incluir en el protocolo la posibilidad de adoptar medidas para aportar el volumen restante de 30 hm3 hasta alcanzar los 80 hm3, para garantizar el abastecimiento del Vinalopó-l´Alacantí y la Marina Baja. Palabras vacías de contenido y que ratificaron, una vez más, que el ministerio no tiene intención de construir jamás la toma del agua de Cortes, la única que garantiza agua de calidad para poder acabar con la sobreexplotación de los acuíferos, tal como exigió la Comisión Europea cuando financió el trasvase con 120 millones de euros.
La toma de agua en el Azud de la Marquesa sigue muy condicionada por los retornos del agua de riego y por los vertidos de aguas residuales depuradas. El volumen de agua residual que recibe el Bajo Júcar asciende a unos 50 hm3/año, merced a los vertidos directos e indirectos que realizan unas 60 depuradoras. La presencia de coliformes en el agua es por ello bastante habitual. El catedrático y director del Instituto Interuniversitario de Geografía, Antonio Rico, lo ha advertido en múltiples ocasiones en los últimos años. «Regar hortalizas del Vinalopó con agua del Azud de la Marquesa constituye un riesgo del que podrían derivarse responsabilidades penales, si se produjera algún caso de contaminación».
Por otro lado, la incorporación del agua desalada al sistema de abastecimiento urbano de la provincia supondrá un sobrecoste de 700.000 euros por cada hm3 que se sustituya de los trasvases, según los cálculos del Instituto Interuniversitario de Geografía de la UA.
