La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha mostrado a favor de la suspensión cautelar de la resolución y pago de becas universitarias recurridas por la Universidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir, según los autos de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV. El Ministerio Público sólo se ha pronunciado sobre la suspensión cautelar de las becas para la finalización de los estudios, igualmente recurridas por la UCV y suspendidas.

Los argumentos exactos de la Fiscalía del TSJCV para adherirse a la suspensión de cautelar del reparto de ayudas a los universitarios sólo se conocen en el escrito sobre las becas-salario (que siguen su tramitación), aunque el argumento será similar para el resto de demandas. El Ministerio Público razona que el hecho de que «la convocatoria de becas sea para el curso 2016/2017, de inmediata aplicación» dejaría «sin objeto la sentencia que se dictase, ya que el curso habría ya comenzado y los aspirantes a las becas no habrían podido ni siquiera solicitar su concesión ni, por ello, obtenerla», señala el fiscal en su escrito.

El recurso judicial que deja en el aire el reparto de 3,1 millones de euros en ayudas de la Generalitat provocó ayer una catarata de reacciones. El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, lamenta que el recurso de la UCV haya «perjudicado» a los estudiantes de la universidad pública y privada porque «ha pedido la paralización de todas las convocatorias, con lo cual perjudica a todos los estudiantes». El secretario autonómico explica que la política de becas de la Generalitat da prioridad a estudiantes sin recursos para que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos. Y cita como ejemplo que estudiar Medicina en la pública requiere 12,7 de nota media y pagar 1.500 euros y en la Universidad Católica, «basta con tener un 5 y 10.000 mil euros anuales», con lo cual la pregunta es «a quién le debemos dar las becas». Y la respuesta, para Soler es que «hay que priorizar a estudiantes sin medios económicos para cursar los estudios y que han sacado una mejor nota. Y este es el debate que hay en torno a las becas», apunta.

Tras el recurso de la UCV, el Consell va a tratar «con todos nuestros medios de que todos los estudiantes puedan recibir las becas que necesitan para poder estudiar. Haremos todo lo posible, pero la sociedad tiene que tener claro que si eso no es así este año, es exclusivamente por culpa de que los responsables de la UCV, que han primado sus intereses particulares paralizando el conjunto de las becas, antes que pensar de verdad en quienes son los que las necesitan», advirtió.

Por su parte, el grupo popular exigirá al Consell una normativa de urgencia para que los universitarios con derecho a beca puedan recibirla este curso, según los portavoces de Juventud, Juan Carlos Caballero, y Educación, Beatriz Gascó. Caballero critica al Consell porque «excluye a los estudiantes de las universidades privadas y divide a los universitarios en buenos y malos». Y recuerda que «si un estudiante cumple con los criterios académicos y de renta fijados no se entiende por qué no puede tener el derecho de acceder a una beca» ya que «hay estudiantes que por nota se quedan fuera de la pública y optan por la privada haciendo un esfuerzo porque irse fuera sería incluso más caro. Para Marzà, sin embargo, estos alumnos son ricos».

El secretario general de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) y diputado, José Muñoz, aplaude la política de becas del Consell «tras 20 años de recortes y desigualdad». Muñoz muestra su sorpresa por la suspensión del pago de las becas universitarias y sentencia que «los fondos públicos deben priorizar la universidad pública», por lo que considera «lamentable que miles de alumnos y alumnas que se han ganado su plaza con esfuerzo y sacrificio se queden sin beca por un recurso de la universidad privada que ha gozado de privilegios durante los gobiernos del PP».