Profesores, médicos, animadores, monitores escolares, entrenadores, conductores de autobús y hasta catequistas. Desde el pasado 1 de marzo todas las personas que trabajan o realizan labores de voluntariado en contacto con menores de edad deben acreditar ante la empresa que los contrate que «están limpios», es decir, que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. La llegada del verano y los campamentos junto a la cercanía del inicio del curso escolar ha hecho que estas solicitudes aumentaran de forma exponencial durante los últimos meses.
De hecho, durante cuatro meses (del 1 de marzo al 30 de junio), el Ministerio de Justicia ha expedido más de 65.000 certificados que acreditan la ausencia de condena por delitos de abuso, acoso, agresión, maltrato, exhibicionismo, corrupción de menores, prostitución o pornografía en la Comunidad Valenciana. La petición la puede hacer tanto el empleado como la empresa y admite peticiones colectivas.
El certificado en cuestión persigue incrementar el control de los delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores de manera que primen los derechos de éstos sobre cualquier otro. Las personas que cuentan con antecedentes penales por delitos sexuales figuran en un registro que cuenta, en la actualidad, con más de 40.000 personas de los que más de 5.053 residen en la Comunitat Valenciana. En el registro figuran las personas con sentencia firme, tanto mayores como menores de edad. En la Comunitat Valenciana hay 4.689 adultos condenados y 364 menores.
