Destacados profesionales del derecho de la provincia de Alicante han puesto en marcha un lobby desde el que plantear al Gobierno las reformas legislativas que estimen necesarias y promover debates públicos sobre este tipo de cuestiones. El proyecto de estatutos de la Academia Valenciana de Ciencias Sociales ya se ha presentado ante la Generalitat, que ahora deberá de dar su autorización y los magistrados que la integran ya están planteando la compatibilidad de su cargo con la asociación ante el Consejo General del Poder Judicial. Expertos que desde su experiencia profesional puedan dar los pasos para promover reformas legislativas que redunden en beneficio de la provincia de Alicante.
Entre las personas que están detrás de esta iniciativa se encuentran el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, así como los magistrados Juan Carlos Cerón, Enrique García Chamón, Luis Antonio Soler y José Luis Fortea. También se contará con el actual fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa; el decano del colegio de Abogados, Fernando Candela; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA), Pedro Femenía; el catedrático de Derecho Procesal de la UA, José María Asencio; el decano del Colegio de Procuradores, Enrique de la Cruz; el decano del Colegio de Economistas, Francisco Menargues; el abogado Luis Corno, entre otros. De todas maneras, Vicente Magro aseguró que la academia estará abierta a futuras incorporaciones de juristas alicantinos de prestigio que puedan potenciar el proyecto.
La memoria del proyecto asegura que esta iniciativa responde a la inquietud de un grupo de profesionales del mundo económico, jurídico y de estudiosos de la ciencia política y la sociología «preocupados por la necesidad de debate entre profesionales de distintos sectores (...) en un marco común para todos». El presidente de la Audiencia de Alicante explicó a este diario que el objetivo es hacer propuestas legislativas y promover el debate en la sociedad. «La idea es aglutinar el sentir jurídico de la provincia de Alicante y aglutinar esfuerzos que algunos veníamos haciendo por separado», aseguró.
La memoria presentada ante la Generalitat señala que este planteamiento no es contrapuesto a los distintos foros profesionales en los que cada uno de los miembros integra su actividad, «muy al contrario, se persigue la complementariedad, pues estamos convencidos de en que en ella misma reside la clave para el enriquecimiento de los postulados y del resultado discursivo».
Vicente Magro aseguró a este diario que existen otras academias de jurisprudencia y legislación en España, entre ellas en Madrid y en Valencia, pero «Alicante da un paso más al buscar el plantear un foro de debate para enfocar y buscar soluciones a problemas de la sociedad relacionados con el derecho».
En los estatutos se asegura que con la iniciativa «se pretende dar voz a los profesionales de la Comunidad y a su vez aprovechar el impulso provincial de Alicante, pues ello ayudará a iniciar una estrategia del conocimiento que vaya a la par de la estrategia territorial y que cristalice en diversas iniciativas beneficiosas para la sociedad valenciana».
La sede social de esta academia se ha fijado en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación Provincial, sin perjuicio de constituirse en otras poblaciones y ciudades en las que se considere oportuno para el mejor desempeño de sus fines.
