Nueve días da el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que los demandados -léase Conselleria de Educación-comparezcan ante la sala de lo contencioso o presenten sus argumentos frente al recurso interpuesto por la federación de padres de centros católicos de la enseñanza concertada que rechazan el nuevo decreto de admisión de alumnos.

El presidente del colectivo de padres, Vicente Morro, recuerda que el contencioso que iniciaron en junio «puede ir para largo», aunque de momento el TSJ lo ha admitido a trámite e iniciado el procedimiento.

El cambio de baremación introducido por Educación en la admisión de alumnos a los colegios, así como la desaparición del distrito único y la vuelta a la zonificación -que prima la cercanía al domicilio para elegir centro escolar-, son aspectos que para la federación de padres, «vulneran la libertad de elección real», sostiene Morro.

El proceso jurídico puesto en marcha no formalizará la demanda hasta bien entrado el mes de octubre y lo más seguro es que luego Educación tarde en contestar, de modo que no va a cambiar nada para este curso todavía», explica el presidente de la Fcapa a preguntas de este diario.

Puntos

Opina el representante de los padres que el cambio de baremación introducido por la normativa del nuevo Consell «es engañoso porque dando puntos por cercanía al domicilio no favorece la igualdad de oportunidades». Los argumentos de Educación al respecto son totalmente opuestos y lo que ha buscado y defendido con el nuevo decreto es favorecer el acceso a todas las familias acercando el colegio para crear a un tiempo núcleos sociales.

También la pérdida del distrito único es entendida por las familias de los centros concertados como un recorte en la libertad de elección. «Al volver al reparto de distritos, pese a que se había ido corrigiendo con el tiempo, se vuelve hacia atrás y aunque no es lo perfecto, el distrito único sí favorecía más la libertad de elección», afirma Morro.

«Adoctrinamiento»

Desde el PP, la portavoz de Educación en las Cortes, Beatriz Gascó, aprovechó la admisión a trámite del contencioso por parte del TSJ para arremeter contra el conseller Vicent Marzà, culpándole de «sectarismo y adoctrinamiento». La diputada ironizó con que Marzà, «forjado en la escuela de la protesta y la pancarta», debía pasar ahora a «gestionar la Educación en los tribunales».