Los agricultores de la cuenca del Segura que riegan con agua del Tajo han pagado hasta ahora 418 millones de euros al valor actual a las tres comunidades autónomas que reciben compensaciones por los caudales cedidos, según recoge el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que preside José Manuel Claver, en su memoria correspondiente al año 2015. Estos 418 millones, que deberían haberse invertido en obras hidráulicas en las regiones receptoras destinadas a mejorar el abastecimiento a los municipios que todavía tienen dificultades para garantizar el suministro a sus habitantes, equivalen aproximadamente al coste de ejecución de una gran infraestructura como los estudios de Ciudad de la Luz, en la capital de la provincia.
Las comunidades beneficiarias del agua del trasvase en Alicante, Murcia y parte de Almería han aportado 282 millones de euros a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura entre 1986 y 2015, de acuerdo con los datos reflejados en la Memoria. Esta aportación, que abonan los usuarios del agua del Tajo que llega al Segura a través de las tarifas del acueducto, va destinada a la ejecución de obras hidráulicas y a la construcción de redes de saneamiento en las tres regiones que integran la cuenca cedente de los caudales suministrados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Sin embargo, durante todo este periodo, la treintena de municipios del entorno de los embalses apenas se ha beneficiado de estas compensaciones que, según la ley que regula el trasvase, deben recibir. «Llevamos muchos años en espera, se ve que los presupuestos para estas obras se los tragan los fantasmas», aseguraba a este diario un vecino de Chillarón, uno de los pueblos más afectados por la escasez de reservas de los pantanos, en una visita a esta comarca de Guadalajara en agosto del año pasado. En julio de este año, las obras de la red de agua potable de esta zona de Guadalajara seguían aplazadas, obligando a los vecinos a seguir pendientes de la llegada del camión cisterna.
Desde que se pusieron en marcha las tuberías del acueducto por primera vez, las tres cuencas cedentes han recibido estos más de 400 millones para evitar casos como el desabastecimiento de los municipios de Chillarón y Alcocer. La obra, conocida como red de abastecimiento de Morillejo, se aprobó en 2007, con un presupuesto de 41 millones de euros, que posteriormente se amplió en varios millones más, y con un plazo de ejecución que debía finalizar a finales del pasado año. Esta promesa, ya incumplida, pretendía garantizar el abastecimiento a una treintena de municipios del entorno de Entrepeñas y Buendía.
Principal receptora
Precisamente, ha sido Castilla-La Mancha la mayor beneficiaria de las transferencias realizadas por los regantes desde 1986, cuando el Consejo de Ministros modificó la ley 52/80, que regula la explotación del Acueducto. La comunidad presidida actualmente por Emiliano García-Page ha recibido 126,8 millones hasta 2015. Madrid ha obtenido 93 millones, mientras que a Extremadura han llegado 62.
Según los cálculos recogidos en la Memoria del Sindicato de Regantes, el valor en euros actuales de las aportaciones realizadas a las tres comunidades autónomas beneficiarias ascendería a 418,3 millones de euros.
Dado que las aportaciones a las comunidades que integran la cuenca del Tajo se pagan a través de las tarifas que se aplican a los caudales trasvasados, las transferencias realizadas varían en función del volumen de agua que se desembalsa cada año desde Entrepeñas y Buendía.
Así, los mayores importes fueron abonados en los años 2009, con 16 millones de euros; y 2011, con 15,1. En el año 2000 se alcanzaron los 14,6 millones, mientras que en 1999 se superaron los 13 millones. También en 1997 se rozaron los 13 millones, mientras que en 1998 se alcanzaron los 12,5.
Por el contrario, las menores aportaciones se registraron en los años 1994, con apenas 2,3 millones, y en 2010, con 2,9.
En total, los regantes del trasvase han pagado 344 millones de euros desde el año 1981 a través de las tarifas del acueducto. Según se recoge en la memoria, esta cantidad equivale al 60% del coste de amortización de las obras realizadas hasta ahora, que ascienden a 573 millones.
Aunque el coste de la inversión tendría que elevarse en realidad hasta los 955 millones de euros, en el balance del pasado año se refleja que, «puesto que los usuarios del Sureste deben amortizar el 60% del coste de toda la infraestructura, al no haberse aprobado la segunda fase del trasvase, que supondría poder trasvasar hasta 1.000 hectómetros cúbicos anuales, el importe a amortizar asciende a 573 millones».
En consecuencia, el Sindicato de Regantes entiende que en 2014 «se alcanzó el 60% de la amortización» a la que estaban comprometidos los regantes.
