El Ministerio de Hacienda acaba de sacar los colores a 39 ayuntamientos de la provincia. El departamento que dirige Cristóbal Montoro, foco de las críticas durante los últimos años por sus exigencias de recortes y contención de déficit, ha aireado un listado con los municipios alicantinos que aún arrastran hoy gastos al margen del presupuesto. Es decir, las conocidas como «facturas en los cajones». En Alicante son 39 los consistorios señalados por Hacienda... más la Diputación. En total, las 40 entidades locales de la provincia que mantienen saldos en la cuenta 413 (el nombre técnico de las facturas sin cobertura presupuestaria, junto a la 409) acumulan en ella un total de 51,8 millones de euros. Los datos, referidos al primer trimestre de este año, incluyen principalmente a localidades de tamaño medio y grande.
La que suma un mayor montante es la capital. Y con una amplia diferencia. El Ayuntamiento dirigido por Gabriel Echávarri (PSPV) arrastraba hasta marzo 18,4 millones en gastos fuera del presupuesto, exactamente la misma cuantía que al cierre de 2015.
Otras localidades con cuantías considerables en la cuenta 413 son Orihuela (10,6 millones), Onil (2,5 millones), Torrevieja (1,9 millones), Catral (1,8 millones), Elda (1,6 millones) y l'Alfàs del Pi (1,2 millones). A ellas se suma además la Diputación Provincial, con 2,4 millones más.
La mayoría de consistorios alicantinos que tenían obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al cierre de 2015 han reducido esas cuantías en el primer trimestre del año. Entre otras, Albatera, Alcoy, Altea, Benidorm, Mutxamel, Petrer, San Vicente u Orihuela. Esta última ha rebajado las obligaciones al margen de las cuentas en casi 10 millones, al pasar de 20,2 a 10,6 millones.
Otras localidades, en cambio, las han aumentado. Por ejemplo, l'Alfàs del Pi (de 336.069 euros a 1,2 millones), Benissa (de 211.541 euros a 643.227), Catral (de 0 a 1,8 millones), Crevillent (de 72.333 euros a 811.371) y Guardamar (de 8.483 euros a 361.246).
Otra carta del Gobierno
Con esos datos sobre la mesa, el Ministerio de Hacienda se ha propuesto que todas las entidades locales reduzcan a la mínima expresión la cuenta 413. Para conseguirlo, ha remitido un escrito a las corporaciones alicantinas en el que les pide que «controlen el desarrollo» de ese apartado presupuestario. Además, les recuerda que las administraciones públicas que no están obligadas a poner en marcha una auditoría de cuentas sí han de realizar «trabajos de control» para verificar si se han producido gastos sin consignación presupuestaria.
Previsiblemente, la cifra de 40 entidades locales con «facturas en los cajones» se queda corta. ¿Por qué? Porque más de 80 localidades no han remitido la información al Ministerio. En los cuadros estadísticos de Hacienda se puede comprobar cómo más de la mitad de los ayuntamientos alicantinos -principalmente de tamaño pequeño- no han trasladado los datos a Madrid. De las grandes poblaciones, las de más de 20.000 vecinos, todas han cumplido.
