Dos casos en dos meses. El cierre en junio y agosto de dos residencias de ancianos ilegales en la provincia de Alicante ha llevado al Consell a tomar cartas en el asunto para destapar posibles nuevos casos. Y lo hará con la ayuda de los médicos y los trabajadores sociales. En este sentido, las consellerias de Igualdad y Sanidad están ultimando un protocolo para detectar casos de ancianos que estén en residencias que no tengan licencia de actividad, según ha anunciado la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas. Un fenómeno que para Casas es creciente en nuestra Comunidad, como lo demuestra el hecho de que en un periodo tan corto de tiempo se hayan detectado y clausurado dos residencias de este tipo.
El protocolo incluirá una serie de señales ante las que tendrán que estar atentos los facultativos que atiendan a los ancianos, tanto en hospitales como en los centros de salud, como por ejemplo si tienen úlceras derivadas de estar siempre en la misma postura o padecen deshidratación. Los facultativos también deberán sospechar en aquellos casos en los que una misma persona lleve al médico a varios ancianos y éstos no residan en un geriátrico que cuente con todas las licencias de funcionamiento.
Canal de denuncia
Ante una sospecha, Sandra Casas explica que se ha establecido un canal de comunicación para que la denuncia pueda llegar finalmente a los servicios de inspección de la Conselleria de Igualdad y estos proceder, mediante una orden judicial, al cierre del centro. En este sentido, el médico deberá pedir la documentación a la persona que acompañe al anciano y trasladar el caso a la trabajadora social del municipio en la que éste resida, para que traslade la situación a la inspección. Y es que, detectar este tipo de instalaciones es extremadamente complejo, según reconoce la secretaria autonómica de Servicios Sociales, ya que su actividad se desarrolla de una manera discreta, en muchos casos alejada de núcleos urbanos. Sólo las denuncias a la inspección permiten destapar esta actividad ilegal.
El de las residencias ilegales es un fenómeno creciente en la Comunidad Valenciana, impulsado por el envejecimiento de la población y la fuerte demanda de plazas geriátricas que hay en la Comunidad Valenciana. Este tipo de instalaciones captan sobre todo a ciudadanos extranjeros. En el caso de las que se han cerrado en Castalla y Santa Pola, eran regentadas por familias británicas que atendían a compatriotas. Precisamente el hablar el mismo idioma es uno de los argumentos de los que se valen para captar clientes. Eso, junto a un supuesto trato familiar al ser más pequeñas que un geriátrico convencional y los precios más competitivos sirven de gancho. La desmantelada en Santa Pola cobraban entre 2.500 y 3.000 euros al mes a los internos.
Sin embargo, Sandra Casas recuerda que estas residencias no cumplen con los requisitos exigidos para realizar una actividad de este tipo, al no disponer, entre otras cosas, de un médico las 24 horas al día.
En la residencia ilegal desmantelada el miércoles en Castalla residían tres ancianos y la Guardia Civil detuvo al matrimonio que la regentaba. Los ancianos se encontraban en buenas condiciones cuando llegaron las fuerzas de seguridad.
En el caso de Santa Pola también fueron detenidos un matrimonio británico y su hija que usaban su vivienda como residencia ilegal de ancianos, a los que cobraban entre 2.500 y 3.000 euros mensuales y a los que pedían las escrituras de sus propiedades para que se las dejaran en herencia.
