El portavoz del Grupo Popular, Luis Barcala, ha explicado hoy que otra de las alegaciones del Partido Popular al Catálogo de Protecciones y del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) se refiere a la tramitación defectuosa del proceso de Participación Pública porque "se ha omitido ese trámite en la exposición y eso es algo que no se puede hacer".

"Además de la exposición pública es preceptivo fomentar la participación en el Catálogo mediante su traslado a los distintos distritos de la ciudad para facilitar que los vecinos puedan intervenir en la confección del mismo", ha afirmado Barcala, quien también ha afirmado que "parece que el tripartito no quiere que Alicante se entere de lo que se está tramitando".

Barcala ha reiterado que, según el artículo 53 de la Ley 5/14, de Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el Paisaje (LOTUP) es preceptivo pasar por ese trámite de Participación Pública y no se entiende que el gobierno municipal no haya atendido a lo que en ese sentido establece el ordenamiento jurídico. "Sorprende mucho que el vicealcalde Pavón, que siempre ha dicho ser exigente con el proceso de participación ciudadana en cualquier cuestión y tramitación municipal, ahora que hace el Catálogo de Protección se limite a su exposición pública una vez ya confeccionado y no haya abierto ese proceso participativo que la ley exige".

El portavoz popular ha explicado que el Catálogo "no se ha dado traslado a instituciones ni a las partes interesadas y a los propietarios directamente; de modo que sin trámite participativo de ningún tipo se redacta y se pone a exposición pública para que directamente se tengan que hacer alegaciones". "Eso es algo muy contradictorio y es un motivo en el que hemos fundamentado también las alegaciones para la anulación de ese catálogo", ha asegurado Barcala.

Por otra parte, el portavoz popular ha reiterado que "por la carencia del estudio económico-financiero y del informe o memoria de sostenibilidad económica se ha anulado el Plan General de El Campello por parte del Tribunal Supremo (sala contencioso-administrativa) en su sentencia del 31 de marzo de 2016".