En el Archivo Municipal hay un expediente (Legajo 16-4-20/0), que contiene copia de los autos que, en 1710, se cursaron en la audiencia local contra el carcelero Juan Rodríguez Gómez, que constituyen un auténtico tesoro de la historia de la ciudad de Alicante.
En las hojas manuscritas que forman dicho expediente no se relatan grandes sucesos históricos, ni tampoco aparecen ilustres personajes de aquella época. Casi todos los alicantinos que se mencionan son ciudadanos corrientes y hay varias páginas ocupadas por inventarios de bienes embargados. Sin embargo, son precisamente la abundancia de nombres de ciudadanos anónimos, con sus oficios y edades, y la detallada descripción que se presenta de los enseres que había en una vivienda (muebles, ropa, libros, alhajas, etc.), pericialmente valorados, lo que hace que este documento adquiera una enorme relevancia ante los ojos de quienes nos gusta imaginar cómo era realmente la vida cotidiana de los alicantinos hace tres siglos.
Desde luego no es el único documento de esta clase que se conserva, pero tal vez sea el más completo que este investigador ha tenido en sus manos, por cuanto la minuciosidad que ofrece en sus descripciones muestra al lector, habitación por habitación, pasillo por pasillo, la vivienda de una familia alicantina de clase media de principios del Setecientos, concretamente la ocupada por el alcaide y su familia. Gracias a ello descubrimos, entre otras cosas, cuál era la ubicación exacta de la cárcel en aquellos años. Hasta ahora se tenía por seguro (al menos así lo tenía entendido quien escribe) que, tras la destrucción del Ayuntamiento durante el bombardeo de 1691, fue usada como cárcel la casa conocida como La Asegurada. Pero el contenido de este documento obliga a pensar que dicho uso de La Asegurada como prisión no debió producirse hasta después de 1710.
Los autos que forman este expediente son una parte de la causa que se sustanció en la Sala del Crimen de la Real Chancillería de Valencia, debido a la fuga de Juana Lizón de la cárcel alicantina. Ignoramos el motivo por el que fue encarcelada, pero deducimos que su fuga debió producirse en junio o julio de 1709.
El alcaide era responsable de cualquier fallo que se produjera en la cárcel, especialmente de las fugas. Por esta razón, Juan Rodríguez Gómez debió de responder con su patrimonio por la evasión de la presa y fue llamado a Valencia para ser enjuiciado.
El carcelero vivía con su esposa y su hija en el mismo edificio donde se encontraba la cárcel, ocupando varias habitaciones de la planta superior. Al ser destituido provisionalmente, Juan y su familia fueron obligados a abandonar su casa sin llevarse ninguna pertenencia, ya que sus bienes fueron todos embargados, también de manera provisional.
El 21 de julio de 1709, el corregidor interino y alcalde mayor, Francisco Esteban Zamora y Cánovas, hizo entrega en depósito al alguacil mayor, Ginés Guerrero, de los enseres que había en el interior de la vivienda, ya desocupada, del alcaide. El acta de entrega, redactada por el escribano Antonio Sureddo, fue firmada por Guerrero, comprometiéndose así a custodiar todos y cada uno de los objetos que había reseñados en el inventario.
Para redactar este inventario, el escribano Sureddo, asistido por el alguacil mayor, apuntó todo cuanto vio en el interior de aquella vivienda. Su descripción es tan minuciosa, que para el lector resulta facilísimo visualizar cada estancia, cada escalera, cada ventana, cada mueble: «(?) el presente escrivano pasó a las casas de dichas Carzeles en donde han tenido su havitacion y morada los susodichos y procedió a imbentariar dichos bienes (?). Primeramente, estando en el cuarto de enmedio y cámara alta de dichas Casas la puerta a la subida de la escalera y ventana única que cae a la Plaza de la Fruta (?)». Desde lo que aparecía a simple vista hasta lo que había guardado en cajones y arcas, Sureddo fue anotando pormenorizadamente cada objeto.
Pasaron luego a un cuarto que quedaba a la derecha, «que tiene dos ventanas la una que cae a la plaza de la fruta y la otra a la calle que de ella se va aparar a la de la Mar». Son muy numerosos los enseres que encontraron en esta habitación y que apuntó el escribano con minuciosidad. Entre ellos, 33 libros.
En un cuarto largo que tenía una ventana que daba a la calle Mayor, enfrente de la Lonja, y en un cuarto descubierto de la planta baja, los agentes judiciales encontraron sobre todo objetos de menaje de cocina.
El 28 de mayo de 1710, dentro de esta causa criminal por la fuga de una presa, la Chancillería de Valencia ordenó al alcalde mayor de Alicante que arrestase y trasladase a una cárcel valenciana al regidor alicantino Luis Boyer, sin especificar de qué se le acusaba.
A las once y media de la mañana del 1 de junio, el alcalde mayor detuvo a Luis Boyer, a quien encontró paseando por la calle Mayor. Como era regidor, lo dejó bajo vigilancia en el Ayuntamiento, pero recelando que pudiera escaparse o refugiarse en una iglesia, y ante la negativa del gobernador militar de encerrarlo en el castillo, lo trasladó por la tarde a la cárcel, donde quedó bajo la vigilancia de varios soldados, aunque sin ponerle grillos. Este mismo día, el alcalde mayor ordenó el embargo de los bienes de Boyer, quien vivía en casa de su padre, Honorato Boyer, comerciante y notario rico de origen francés. Pero los agentes judiciales se encontraron con que los bienes del detenido eran «quasi castrenses», pues tan solo era propietario de 45 libros, que les fueron entregados en depósito a Luis Cayre. Los títulos de estos libros, muchos de ellos en latín, ponen de manifiesto que el regidor Boyer era un hombre culto, probablemente con estudios de derecho.
El 3 de junio, a las diez de la noche, Luis Boyer fue trasladado a la cárcel de Valencia con escolta de cuatro soldados, al mando de Alonso Denia Cano. Iba sin grillos porque prometió no huir y había pagado una fianza de 6.000 libras.
El día anterior, siguiendo instrucciones recibidas, el alcalde mayor ordenó la devolución de los bienes embargados al alcaide.
Algunos de estos bienes habían sido vendidos en almoneda para darle al alcaide un dinero que pidió, pero ahora que había sido absuelto, era necesario devolvérselos todos. Así que Sureddo buscó a cada una de las personas que habían comprado algunos de aquellos objetos. Muchas los devolvieron (reintegrándoseles lo que pagaron), pero otras no pudieron porque los habían perdido, los habían transformado o se los habían llevado fuera de la ciudad.
Los días 4 y 5 de junio, los expertos nombrados por el alcalde mayor hicieron una valoración de los bienes embargados, previa a su devolución:
El librero Claudio Page, de 36 años, apreció los 33 libros que habían sido embargados al alcaide (la mayoría viejos; algunos desencuadernados y con carcoma). Por títulos, dominaban los religiosos, aunque también los había de leyes y filosóficos, con un valor total de algo más de 22 reales.
El carpintero Esteban Ballester, de 57 años, apreció los 48 enseres de madera en algo más de 258 reales.
El sastre Luis Cayre, de 34 años, valoró las 46 prendas de ropa en algo más de 108 reales.
El campanero Pedro Olmos, de 24 años, apreció 33 objetos de metal, valorados en más de 66 reales.
El buhonero Diego la Isla, de 50 años, valoró los 63 objetos de quincallería en algo más de 42 reales.
El pintor Francisco León, de 43 años, valoró los 29 lienzos y pinturas en algo más de 153 reales.
Zamora convocó varias veces a la esposa del alcaide, Josefa María Balmaseda (que vivía en casa de su comadre Jusepa), para realizar la devolución de los bienes, pero ella no solo se negó a asistir, alegando que no estaban todos los inventariados, sino que reconoció que esperaba que el alcalde mayor fuera llamado a Madrid, y Sureddo a Valencia, para ser enjuiciados por malversación.
Pero fue el propio Juan Rodríguez Gómez, restablecido ya en su puesto de alcaide, quien recibió los bienes que le habían sido embargados, los días 12 y 17 de julio (en el último se le pagaron los que no habían podido ser recuperados).
Por falta de espacio no podemos reseñar dichos bienes, con títulos de libros incluidos, que tanto complacería conocer a cualquier historiador, bibliófilo o lector curioso.
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