«Siete años de pesadilla». Así calificó ayer el exvicealcalde de Alicante y exedil de Atención Urbana, Andrés Llorens, todo el proceso judicial hasta su absolución por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la plaza de Magallanes.
«Siempre tuve plena confianza en la justicia y colaboré con ella», señaló ayer Llorens, feliz tras recibir la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha descartado recurrir la sentencia que le absuelve en este caso. «Ya en su momento un juzgado archivó esta causa y ahora, a través de un juicio, la Audiencia ha dictaminado mi absolución, por lo que estoy satisfecho y con la certeza de haber actuado con honestidad e interés por los vecinos de la Florida». Por fin, añadió ayer Nino Llorens, «se cierra este proceso que para mí ha supuesto una pesadilla y a raíz de ahí, que la gente juzgue por sí misma».
No obstante, el exconcejal de Atención Urbana todavía tendrá que responder en los tribunales por dos causas que afectan a su anterior gestión en el Ayuntamiento: las presuntas irregularidades en la contratación de obras del Plan E, por las que tendrá que comparecer el próximo septiembre; así como, la relativa a la mercantil Isjoma por el servicio de sillas e infraestructuras para eventos festeros, fijada en octubre.
«Sobre estas dos causas tengo la misma tranquilidad. Iré a declarar con la misma confianza en colaborar con la justicia y con la conciencia tranquila y la confianza en que el Ayuntamiento también actuó correctamente», señala Llorens, quien actualmente trabaja en el mismo banco en el que desarrollaba su labor profesional antes de dedicarse a la política y en el que había pedido una excedencia.
El caso de la plaza Magallanes se remonta a 2007, cuando el Ayuntamiento de Alicante aprobó el proyecto de reforma del espacio público. Meses más tarde, los vecinos de la zona se reunieron con Llorens para pedirle que incluyera en el proyecto varias cosas que reivindicaban y que habían sido omitidas, como una rampa de acceso a la Iglesia, una fuente y bancos.
Las obras fueron paralizadas para incluir estas mejoras, pero dispararon el presupuesto de 123.450 a 227.923 euros, lo que obligaba a convocar un nuevo concurso para incluir específicamente dichas modificaciones, para lo que se optó por un procedimiento negociado sin publicidad por el que sólo se interesó Coinger, que terminó los trabajos complementarios antes de que se los adjudicaran.
