El Ayuntamiento de Alicante se niega niega a disolver la Agencia de Desarrollo Económico y Social, y el Patronato de Educación (que gestiona las dos escuelas infantiles municipales) como le exige el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desoyendo la amenaza del representante del gobierno central en funciones de que denunciará a los alcaldes que se nieguen a cerrar empresas públicas deudoras. Entre éstas se encuentran las dos citadas, cuya gestión económica fue cuestionada por el informe financiero que la Universidad Miguel Hernández hizo de la situación económica municipal en el periodo 2011-2015 a petición del alcalde, Gabriel Echávarri.

La negativa del alcalde es la respuesta oficial a la carta de la secretaria general del Ministerio de Hacienda, Rosana Navarro, instando al tripartito a comunicar en 15 días desde la recepción del escrito la extinción de ambos organismos al entender que se encuentran en situación de desequilibrio financiero. El tripartito considera que Hacienda se confunde al tratar a estos organismos locales como sociedades mercantiles.

Sea como sea, el informe financiero que elaboró la Universidad Miguel Hernández sobre el Ayuntamiento cuestiona también el comportamiento de ambos organismos autónomos. En el caso de la Agencia de Desarrollo, dice textualmente, «se aprecia un comportamiento errático, y llaman la atención las variaciones del resultado. No es razonable una estructura de resultados basada en un ingreso de gestión que cubre un escaso porcentaje de las transferencias que recibe. Un organismo con este planteamiento no se justifica salvo por los intangibles beneficios que pueda proporcionar a la ciudad, que deberían ser realmente importantes». Entre los datos, dedica un patrimonio (fondos propios) de entre tres millones y medio y cuatro millones de euros, para obtener un ingreso de gestión ordinaria de 254 euros en 2014 «y en ocasiones pérdidas. El ratio de rentabilidad es infinitesimal».

En la misma línea valoraron al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. «Denota una falta de planificación económica y unos escasos ingresos que no cubren ni un 30% de las transferencias recibidas. En 2014, por ejemplo, se destina un patrimonio de 642.000 euros para perder 171.000 euros, recibiendo más de un millón en transferencias». El informe recomendaba «una reflexión profunda» y habla de balance económico «muy pobre». Según la carta de Hacienda, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 27/2013 de 27 de diciembre contempla el supuesto de disolución automática de entidades directamente dependientes de ayuntamientos en situación de desequilibrio financiero, obligándoles a un plan corrector. Si no tenía efectos a 31 de diciembre de 2014, debían disolverse bien por acuerdo del Ayuntamiento «y en caso de no hacerlo, la propia ley determinaba su disolución automática el 1 de diciembre». Al no haber recibido la información sobre la extinción desde el Ayuntamiento, les dan 15 días de plazo para poder hacerlo.

A esto, se niega el tripartito, que entiende que el Ministerio se confunde al tratar por igual a los organismos catalogados como sociedades mercantiles y a los autónomos locales, que sería el caso de Alicante. Según la Concejalía de Hacienda, «ni la Agencia Local ni el Patronato de Escuelas desarrollan actividades económicas y no se les debe aplicar lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local». El alcalde, Gabriel Echávarri, insta al Ministerio a que «sea respetuoso con las administraciones que cumplen la ley y que nos hemos apretado el cinturón», y reclama que dimita Montoro. «Aquí el único que vulnera la estabilidad presupuestaria es el Gobierno Central. Lo mejor que podría hacer es volverse a Montoro y Asociados, y dejar el ministerio».