Empezó siendo un año luctuoso

El 3 de enero clamorearon las campanas de la ciudad, al mismo tiempo que se publicaban bandos solemnes en las puertas del Ayuntamiento, con presencia de granaderos y bandas de música con tambores cubiertos con bayetas negras. En ellos se ordenaba luto riguroso durante tres meses, particularmente a los vecinos cabezas de familia, con motivo del fallecimiento de la reina Isabel María de Braganza el 26 de diciembre anterior.

Pocos días después se conoció la noticia de la muerte en Italia de los reyes padres. Carlos IV y su esposa, María Luisa de Borbón-Parma, llevaban cuatro años viviendo en el palacio Barberini de Roma, sin que su hijo, Fernando VII, les permitiera regresar a España. Ella falleció el primer día del año, y Carlos, que había marchado a Nápoles para visitar a su hermano, Fernando I de las Dos Sicilias, se apresuró a regresar a Roma, pero un terrible ataque de gota con fiebre alta se lo impidió, muriendo el 19 de enero.

Como consecuencia de tan infaustas noticias, se repitieron las ceremonias de publicación de bandos (con clamoreos de campanas incluidos) los días 31 de enero (por la muerte de la reina madre, ordenándose luto riguroso durante tres meses y otros tres de alivio) y el 14 de febrero (por la muerte del rey padre, ordenándose luto riguroso durante seis meses).

Por fortuna para los alicantinos (como para el resto de españoles), los tres lutos quedaron subsumidos en uno solo.

Otra noticia luctuosa llegó a la ciudad procedente de la Corte por aquellos días, si bien no provocó tanto revuelo ni demostración generalizada y obligatoria de tristeza: el 12 de febrero falleció en Madrid el médico alicantino Francisco Javier de Balmis, a los 65 años de edad.

Obras para recaudar más impuestos

Por real orden del 15 de junio del año anterior, se había aprobado la ejecución de una serie de obras en la ciudad, con vistas a asegurar la recaudación de derechos de Puerta (tasas por entrada y salida de productos comerciales), pero el presupuesto se había quedado corto, razón por la cual el 2 de abril de este año el Ministerio de Hacienda había dictado otra real orden, que el 14 remitieron los directores generales de Rentas al gobernador de Alicante, y éste a su vez el 21 al Ayuntamiento, ordenando la ampliación de dicho presupuesto de gastos con «cinco mil doscientos reales para la cerradura del boquete del Barranquet; cinco mil doscientos siete para las obras del cuerpo de Guardia y Caseta del Resguardo en el Fielato de la Puerta de la Reyna; y siete mil reales para la pared de separacion entre el Muelle y el Mercado; y en comendar a la prudencia de aquel Gobernador el edificar ó no, la Caseta de la Puerta nueva, que se regula en la cantidad de tres mil trescientos sesenta y siete». Estas cantidades serían adelantadas por la Real Hacienda para que «se proceda sin levantar mano hasta la conclusion de obras tan interesantes», pero que serían posteriormente devueltas al Real Erario por el Ministerio de la Guerra y el Ayuntamiento. Pero, en sesión celebrada el 30 de abril, el Cabildo alicantino «acordó no poder contribuir á la obra».

El gobernador interino

Wenceslao Prieto de la Rosa ejerció interinamente el cargo de gobernador militar y político de Alicante durante este año, excepto desde los primeros días de febrero hasta mediados de mayo, que le sustituyó como gobernador y corregidor el mariscal de campo Fernando de Saint-Croix.

Entre otros menesteres, el gobernador se encargaba de transmitir a los ayuntamientos de su corregimiento las órdenes emanadas de la Corte o de la Capitanía General de Valencia. Así, el 11 de junio, Prieto de la Rosa informó al Ayuntamiento alicantino de que, para cumplir una orden firmada el 28 de mayo por el capitán general, Xavier Elio, se había creado «en esta Plaza una Patrulla de Capa que baxo de mis inmediatas ordenes persiga malhechores», siendo designado como mando de dicha patrulla especial el alférez de Caballería Antonio Albertos.

También trasladó el gobernador al Ayuntamiento el edicto del capitán general de fecha 19 de agosto, en el que, como consecuencia de haber muerto recientemente dos mujeres alicantinas después de haber sido mordidas por perros rabiosos, y del «escandaloso abuso que se hace en esta Capital de tener perros por diversion», se prohibía a «los labradores introducir sus perros en la Ciudad» y, sin «distincion alguna de perro chico ni grande», se ordenaba «sea perseguido y muerto todo perro suelto que ande por las calles, plazas é iglesias día y noche, debiendo pagar su dueño cien reales vellon de multa».

Y en noviembre trasladó al Cabildo municipal la real orden del 31 de octubre, por la que se permitía el libre establecimiento, «en cualquiera ciudad, villa ó lugar de los dominios de S.M.», a los farmacéuticos que tuviesen el correspondiente título aprobado por el Real y Supremo Consejo, ratificando así «las Reales ordenanzas de Farmacia, insertas en Real cédula de 5 de Febrero de 1804», y derogando definitivamente el privilegio que se atribuía el Colegio de Boticarios de Valencia (en base a un documento supuestamente desaparecido en un incendio), que prohibía instalarse en el Reino de Valencia a los farmacéuticos que no hubiesen sido examinados y aprobados previamente por dicho Colegio.

Lógicamente, el gobernador también recibía órdenes que debía cumplir directamente, como la real orden de 18 de agosto, que recordaba lo dispuesto en otras (25-4-1786 y 8-6-1802), sobre la prohibición de que ningún hebreo arribara a puerto «sin permiso de S.M. y aviso al Fiscal de la Inquisicion»; o la del 9 de noviembre, por la que se prohibía a jueces y escribanos cobrar a particulares por redactar informes solicitados por las autoridades.

Cadáveres reales

Otra real orden, del 17 de agosto, comunicaba al gobernador que los cadáveres de los padres de Fernando VII llegarían al puerto de Alicante desde Italia, para su posterior traslado al Monasterio del Escorial.

Los restos mortales de Carlos IV y María Luisa arribaron a Alicante en la tarde del 25 de agosto, a bordo de la fragata Napolitana. Recibidos con honores, fueron trasladados al aula capitular de San Nicolás, donde quedaron depositados durante quince días, vigilados por un cuerpo de guardia militar, y visitados por muchos alicantinos y habitantes de poblaciones vecinas. El Ayuntamiento corrió con los gastos de estancia de la numerosa comitiva (7.830 reales en comida), cuyos principales miembros fueron hospedados en los palacios de los duques de Maqueda y condes de Altamira. A estos foráneos se agregaron los que llegaron el 1 de septiembre procedentes de la Corte, para hacerse cargo del transporte de los cadáveres hasta El Escorial, encabezados por el marqués de San Martín, mayordomo mayor del rey. Mientras éste y los oficiales fueron alojados en mansiones, los lacayos y criados fueron hospedados en posadas.

El 31 de agosto, a las nueve de la mañana, se celebraron funerales con gran pompa en la colegial por las almas de los reyes padres, cuyo traslado a El Escorial comenzó el 10 de septiembre.

Boda real y seudodindulto

Fernando VII contrajo matrimonio de nuevo el 19 de octubre, con María Josefa Amalia, infanta de Sajonia. Con este motivo, el 25 del mismo mes se concedió un «indulto general á los delincuentes», a excepción de los que hubiesen «cometido los crímenes de lesa Magestad divina y humana, de alevosía, de homicidio de Sacerdote, de fabricar moneda falsa, de incendiario, de extraccion de cosas prohibidas del Reyno, de blasfemia, de sodomía, de hurto, de cohecho y baratería, de falsedad, de resistencia á la Justicia, y de mala versacian (sic) de mi Real Hacienda, ni los vagos destinados á las Armas, marina y Hospicio». También quien hubiese cometido delito en el «que haya parte agraviada, aunque se haya procedido de oficio, no se declare concedido el indulto sin que preceda el perdón de aquella; y que en los que haya interés ó pena pecuniaria, tampoco se declare sin la satisfaccion ó perdon de la misma».

Como consecuencia de tanta excepción, ninguno de los presos que a la sazón había encerrados en la cárcel alicantina pudo acogerse al indulto real. Una cárcel que estaba atestada y poblada en su mayor parte por pobres de solemnidad.

Precisamente la alimentación de estos presos pobres provocó un tenso enfrentamiento entre los regidores y el gobernador durante los meses de agosto y septiembre, al pedir éste explicaciones por haberse cedido al alcaide el dinero destinado a este fin, cuya administración era responsabilidad del Ayuntamiento.

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