Coincidiendo con el primer año de legislatura, la Generalitat ha iniciado una nueva fase de la campaña para tratar de erradicar el alojamiento turístico sumergido instando a las grandes plataformas online, en primer lugar Booking y Airbnb, a que obliguen a sus asociados a inscribirse en el registro oficial de la Agencia Valenciana de Turismo si no quieren verse sancionados. De momento, los inspectores y la Policía Autonómica han aflorado ya 3.000 viviendas en la Comunidad en operaciones que hace dos semanas permitían, por ejemplo, detectar en Xábia hasta un bloque de pisos que funcionaba como hotel. En estos momentos, en la Costa Blanca hay 23.163 apartamentos turísticos legalizados (106.172 plazas), pero fuentes del sector y de la propia Administración admiten que existen unas 200.000 viviendas que se dedican alguna vez al año al alquiler, lo que genera unas 800.000 plazas susceptibles de ser ocupadas. El ejercicio de la actividad turística sin haber comunicado su inicio del modo legalmente determinado, o sin la habilitación preceptiva, está considerado como falta muy grave y conlleva multas de hasta 90.151 euros y la clausura del establecimiento por un periodo de hasta 3 años o la suspensión de la licencia por el mismo periodo.
Según datos del Patronato Provincial de Turismo, el 73% de los turistas que eligen la Costa Blanca se aloja en una vivienda, bien propia, de amigos o alquilada. La gran mayoría esquiva el control de la Administración y genera, por tanto, cientos de miles de euros de pérdidas al año por la competencia desleal que hacen a los legales, y por lo que deja de ingresar la propia Administración, en concreto Hacienda. «Debemos situarnos al lado del sector reglado, de quienes tributan y dan la cara. Hemos estado muy activos, pero no debemos bajar la guardia».
La campaña contra el alojamiento sumergido coincide con el primer año de Francesc Colomer al frente de la Secretaría General de Turismo. El exalcalde de Benicassim se ha implicado desde el primer día en los intentos por erradicar esta práctica que comparte con los hoteleros y no tanto con los promotores inmobiliarios, que han encontrado respaldo en la Diputación en forma de la creación de un observatorio para ver la evolución de este producto.
Otra de las líneas de trabajo es establecer un nuevo marco normativo para la política turística. En esta línea se prepara una nueva ley autonómica de «Turismo, ocio y hospitalidad», la elaboración de un Libro Blanco de Turismo y la incorporación de criterios de orientación turística en la gestión de resto de departamentos del Consell.
Colomer apuntó ayer, por otra parte, que «otro de los objetivos prioritarios es potenciar la política turística desde la gobernanza colaborativa» y muestra de ello es, según Colomer, la aprobación del polémico decreto de coordinación de las diputaciones en materia turística con el objetivo de dotar de mayor eficiencia a las políticas públicas de fomento y promoción del turismo en nuestro territorio. Algo que tiene enfrentado al Consell con la Diputación. «Es imprescindible apostar por una gobernanza colaborativa, por aunar esfuerzos. Es tiempo de coordinación, de ensamblar estrategias y de compartir caminos».
