El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acordó ayer con los empresarios miembros de la Fundación Pro-AVE organizar un acto público el próximo septiembre en Madrid para visibilizar el hartazgo de la Comunidad Valenciana por el retraso que sufre la ejecución del Corredor Mediterráneo. Consell y patronal no se fían de los plazos dados por el Ministerio de Fomento (2018) y exigen, además, un cambio en el proyecto para que haya doble vía para las mercancías en todo el corredor y no sólo el tercer carril en el que se trabaja ahora mismo. Sigue sin desvelarse, por otro lado, si el Puerto de Alicante tendrá conexión ferroviaria con la alta velocidad para la carga.

El presidente Puig anunció ayer el marcha a Madrid tras reunirse con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y representantes empresariales. Entre los asistentes estaba también el presidente de la Federación de Agroalimentación (Fedacova), Federico Félix, quien aseguró que irán a Madrid y «donde haga falta, y si hay que tirar alguna pedrada y romper algún cristal», también están dispuestos a hacerlo, porque «ya hay bastante».

El presidente del Consell señaló, por su parte, que es necesario que se acabe «lo más rápido posible» el tercer hilo ferroviario, lo que demostrará además la «necesidad urgente» de contar con una doble plataforma, y aseveró que los ciudadanos no pueden continuar con la situación actual.

«Desde las convicciones, desde el máximo diálogo posible, es el momento de decir basta, hasta aquí hemos llegado», manifestó el presidente, quien añadió que, a partir de ahora, los valencianos no van a «volver a pagar el pato».

«No podemos ni debemos, porque sería absolutamente injusto con las generaciones que vendrán», indicó Puig, quien precisó que el acto de septiembre servirá para expresar la propuesta de la Comunidad sobre financiación y sobre las inversiones «justas que le corresponden a esta tierra».

Dejar de ser invisibles

Puig subrayó que, desde la cohesión, se quiere explicar no solo al Gobierno central, sino a todas las fuerzas políticas y sociales de España, y «a las elites centralistas, que tienen una visión muy distorsionada de la Comunidad, de la realidad de esta tierra, que tiene que salir ya de la invisibilidad».