La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, señaló ayer que el Gobierno valenciano está «tranquilo» porque tiene «no sólo la razón jurídica» respecto a la legalidad del decreto ley 3/2015 que garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares en la Comunidad Valenciana, sino también por «cuestiones de salud pública y de ética de Gobierno».

Montón se refería así a la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) de avalar en términos generales la constitucionalidad del Real decreto 16/2012 por el que el Ministerio de Sanidad, a cuyo frente se encontraba Ana Mato, dejó sin tarjeta a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en el país.

Al respecto, en una rueda de prensa convocada precisamente para hacer balance del año transcurrido desde la publicación del decreto ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad explicó que los dos casos son distintos. Así, ha explicado que esta decisión del TC es consecuencia de un recurso que planteó el Gobierno de Navarra contra este decreto del Gobierno central. Sin embargo, en el caso valenciano fue el Ejecutivo de Rajoy quien recurrió el decreto valenciano y fue el alto tribunal quien ordenó levantar la suspensión de su aplicación, lo que ha beneficiado a un total de 10.342 inmigrantes sin papeles.

Por otro lado, Carmen Montón, aseguró ayer que «por supuesto» que se reunirán con los enfermeros para tratar su «preocupación» porque el decreto de se está negociando para regular los servicios profesionales de los farmacéuticos de la Comunidad no invadan sus competencias. Montón se refirió así a la reunión que ha solicitado el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante para trasladar su «preocupación y necesidad de que el decreto que va a regular los servicios profesionales de los farmacéuticos de la Comunidad no invada funciones propias de las enfermeras».