El Consell ha aprobado un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía «ante la situación de emergencia social y resolver la situación de incumplimiento, por parte de la administración, del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes de tramitar, que en estos momentos ascienden a 15.545». El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan. Asimismo, se contempla que las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria sean consideradas centros de atención directa para que la cobertura de las vacantes de los trabajadores sea inmediata.
