Alperi dice estar «indignado»y Castedo «enfurecida» por el trato a Llorens

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala, considera que la absolución no compensa la injusticia mientras el tripartito respeta la decisión judicial Bellido destaca el mayor nivel de ética del gobierno actual

22.07.2016 | 01:46

Los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo hicieron ayer en las redes sociales una defensa a ultranza del edil de Atención Urbana durante la pasada legislatura, Andrés Llorens, absuelto por la Audiencia Provincial de los delitos de prevaricación y falsedad documental por las obras de remodelación de la plaza Magallanes. Castedo dijo sentirse enfurecida y que prefería no hablar porque iba a soltar «mucho veneno» a la vez que instó a Llorens, que fue denunciado por la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal, a no olvidar a los que le hicieron pasar por ese calvario. «Sin comentarios, Andrés, en la vida todo es cuestión de tiempo. Love you», fue uno de los mensajes que escribió minutos después de que INFORMACIÓN adelantara la noticia en su edición digital.

Mientras, Alperi afirmó también a través de Facebook sentirse indignado y culpó directamente a «la izquierda». «Una buenísima noticia pero indignante. A Andrés se lo querían quitar de en medio porque si hubiera sido candidato a la Alcaldía de Alicante, habría ganado con gran diferencia sobre los demás. Solución fácil para toda la izquierda: imputarlo. Así de sencillo». El ex regidor añadió que «como ya suponían que este tema de la plaza Magallanes se les iba a ir al traste, le buscan otras cosas, no vaya a ser que dentro de dos años y medio pudiera ser candidato, porque saben que ganaría y no lo pueden consentir», afirmó refiriéndose a otros casos en los que Llorens está imputado. En su opinión, «eso no es justicia, es instrumentalización de la justicia, el fin justifica los medios, pilar básico de la izquierda (...)». Un extenso comentario que concluyó felicitando al exedil y a su familia, alegrándose «infinito» por ellos.

Castedo escribió otro mensaje metiendo el dedo en la llaga en el que se apresuró a apuntar un «imagino que los compañeros del Ayuntamiento DE AHORA te habrán llamado rápidamente para felicitarte...», lo que expresa las diferencias dentro del mismo seno del PP sobre este asunto.

Precisamente el actual portavoz del grupo municipal, Luis Barcala, habló de «injusticia política» tras asegurar que «siempre hemos defendido y exigido el máximo respeto al trabajo y las resoluciones judiciales. Éste es otro caso más en el que se ha vulnerado por algunos el derecho de presunción de inocencia para sacar rédito político y, una vez que los tribunales han declarado inocente a Llorens, deberán ser quienes lo condenaron interesadamente los que ahora deberían pedirle disculpas y reconocer su error, pero no lo harán. La Justicia no podrá compensar, en este caso, la injusticia política», dado que el exvicealcalde con el PP destacó el día de la vista oral que este proceso había supuesto el fin de su trayectoria como cargo público. Asunción Sánchez Zaplana, antecesora de Barcala en la portavocía del grupo municipal y ahora senadora, mostró su respeto a la decisión judicial. «Siempre hemos dicho que hay que dejar actuar a la Justicia y respetar la presunción de inocencia». Opinó también la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, quien recordó que a Llorens se le apartó a causa del caso Magallanes, «dejó su cargo y no fue en las listas del PP. Igual que se condena a los corruptos, al haber sido absuelto al menos el equipo de gobierno de ahora (en el Ayuntamiento) debería pedirle perdón». Precisamente el actual alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, se limitó a manifestar su respeto a las decisiones judiciales mientras que desde Guanyar, socios de gobierno de Echávarri, indicaron tras consultar con su abogado que al no estar personados en la causa antes de opinar tienen que conocer el fallo. Por su parte, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, de Compromís, señaló que a pesar de que el juzgado no encuentre elementos delictivos, «sí hace mención a las irregularidades administrativas que se han podido cometer».

En este sentido, Bellido destacó el mayor nivel de ética que considera tiene el gobierno actual como ha demostrado, dijo, en el caso de Nerea Belmonte, «que no era delito sino una cuestión de tramitación administrativa que entendíamos que no era correcta».

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