En el primer aniversario de la muerte de los más de 170 peces que nadaban en un tanque acuático en la Plaza Nueva de Alicante a causa de una bacteria que se desarrolló tras un fallo en el sistema de refrigeración, de acuerdo al informe que redactó la propia empresa que mantenía la pecera a petición del Ayuntamiento, la relación contractual entre el tripartito y la mercantil Mediterráneo Servicios Marítimos se rompe definitivamente. El gobierno local quería quitarse de encima cuanto antes el contrato que heredó del anterior gobierno municipal del PP por casi 108.000 euros y un periodo de dos años, y lo hace devolviéndole la garantía pese a que los peces perecieron e imponiéndole una sanción «ridícula» para desbloquear el asunto y poder iniciar el nuevo proyecto del acuario cuanto antes.
La Junta de Gobierno aprobó ayer rescindir definitivamente el contrato del servicio de mantenimiento del acuario. Según explicó a su término el portavoz municipal, Natxo Bellido, la resolución se ha producido «de mutuo acuerdo» entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento, y era un paso necesario para poder iniciar el nuevo proyecto para el acuario, en el que nadarán tiburones, rayas, lisas, jureles, palometas, algas, esponjas, cangrejos ermitaños, erizos de mar y estrellas, de acuerdo al anteproyecto que en marzo presentaron el alcalde, Gabriel Echávarri, y la edil de Infraestructuras, Gloria Vara. Está prevista la remodelación de las instalaciones para transformar el único vaso actual con capacidad para 75.000 litros en seis cubas independientes en un proyecto que cuenta con el asesoramiento del Instituto de Ecología Litoral y que costará 142.213,93 euros más IVA, el triple de lo que anunció inicialmente Echávarri, aunque esta cantidad incluirá el primer año de mantenimiento del tanque.
Bellido dijo ayer al ser preguntado por algún tipo de reclamación económica a la adjudicataria del antiguo contrato por los peces muertos, que las penas contempladas en el pliego de condiciones elaborado por el anterior gobierno del PP eran «ridículas», y que ha sido la Concejalía de Infraestructuras la que ha considerado que la resolución de mutuo acuerdo era «la mejor solución» para sacar adelante el nuevo acuario, que quieren materializar para final de año. En este sentido, la edil Gloria Vara confirmó la devolución de la garantía al acordarse la extinción por mutuo acuerdo de un contrato que estaba firmado hasta 2017, y que sí se abrió un expediente de «penalidades», resuelto con sanciones muy bajas, entre 50 y 200 euros, como ya ha ocurrido con otros contratos heredados de la pasada legislatura, citando el de ascensores. En el documento que pasó por la Junta sí se refleja que en agosto de 2015, cuando perecieron los peces, se dedujo el 89% del dinero a pagar, unos 3.300 euros, por la mala prestación del servicio.
