El Ayuntamiento espera cubrir con la partida de 150.000 euros que se aprobó dentro de los presupuestos municipales para ayudas de alquiler social todas las necesidades que se presenten en Alicante y evitar más desahucios por impago en lo que queda de año. Se trata de la segunda medida acordada por el tripartito para combatir la emergencia habitacional, y echó a andar ayer con una primera reunión de la concejala de Acción Social, Julia Angulo, con distintas entidades sociales para acordar los criterios de reparto, aunque la edil avanzó que «serán personas en riesgo de desahucio o ya sin vivienda. El montante y el tiempo habrá que verlo». También podrían reservarse tres viviendas para mujeres víctimas de maltrato. Con los requisitos para la distribución de esos 150.000 euros, el triple de lo que destinaba el PP, los técnicos municipales harán un protocolo, teniendo en cuenta los informes de los centros sociales.

A la primera reunión acudieron la Obra Social de la Plataforma Antidesahucios, las Hijas de la Caridad, la Plataforma contra la Pobreza de Alicante, Cáritas, y técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda, y de Acción Social. Rechazó la invitación Stop Desahucios, con los que Angulo se reunirá la próxima semana pese a las duras críticas del colectivo a la edil y al Ayuntamiento por adjudicar pisos sociales en un proceso que «da asco», dijeron, molestos por la poca transparencia en la asignación de 41 viviendas, dado que la edil conoce a algunos beneficiarios, motivo por el que decidió no votar en el proceso. Hoy comienza la entrega de llaves a los adjudicatarios.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca censuró la compra de inmuebles a bancos durante la primera fase de actuación contra la emergencia habitacional. Angulo recordó que tras la acampada que hizo Stop Desahucios hace unos meses en los bajos del Ayuntamiento, se acordó mantener la fórmula este año al estar todo en marcha. Un encuentro al que asistieron los ediles Miguel Ángel Pavón, de Guanyar; Sofía Morales, del PSOE; y Nerea Belmonte, entonces en el equipo de gobierno.

Angulo se defendió ayer de las acusaciones de Stop Desahucios y del PP respaldando la limpieza de la adjudicación de pisos sociales. Dijo respetar las reclamaciones y quejas, «pero no llevarlo al tema personal e intentar manchar mi honra política. Se manipula la reclamación de una persona aprovechando una situación de enojo». Aseguró que la persona a la que conoce que se le adjudicó un piso, Antonio Gerdts, reunía los requisitos, como los económicos y de familia numerosa. «Por eso me inhibí, porque lo conozco, al igual que a personas de otros colectivos, pero no tengo amistad. Se ha querido hacer daño. Me gustaría que se revisara el listado de los no favorecidos, también conozco a muchas personas. Cuando uno quiere hacer oposición, ha de hacerlo desde la ética y la moral», dijo.

Angulo destacó que hay un informe detallado de los técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda, «y no me siento afectada porque estoy avalada por mi comportamiento, no he participado en el proceso». En ese informe, los técnicos dicen que nadie puso reparo a las bases del proceso, que fue gestionado por ellos sin intervención política, y piden que no se sigan alimentando dudas en un proceso «absolutamente independiente de los criterios políticos», por el «sentimiento de indefensión que pueden provocar en quienes están a la búsqueda desesperada de una vivienda». Y afirmaron que la edil sólo firmó los edictos de publicación y el decreto de lista provisional. El Consejo Político de EU firma un comunicado de respaldo «sin ninguna reserva» a la edil en sus políticas de Vivienda y Acción Social.