Una función pública valenciana «improvisada» que descansa sobre todo en «relaciones personales» más que en criterios objetivos o de eficacia. Este es el panorama con el que se ha encontrado el nuevo Ejecutivo valenciano, en opinión de los expertos seleccionados por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas a los que encargó un informe sobre la situación de la plantilla de la Generalitat con propuestas para un nuevo modelo de función pública.
El comité de «sabios» ya ha terminado su trabajo, según ha podido saber INFORMACIÓN, y el diagnóstico al que han llegado es bastante desolador, máxime en un momento en el que el bipartito quiere tomar cartas en el asunto para reforzar sus recursos humanos reforzar recursos humanosy dar un impulso a una gestión que da signos de estancamiento.
De hecho, una de las conclusiones del seminario de Torrevieja, que reunió el penúltimo fin de semana en Alicante al Consell y a su segundo escalón, es hallar fórmulas para desatascar la gestión. A corto plazo, una de ellas es reforzar las plantillas con contratación de personal interino y, a medio plazo, modificar la actual Ley de función pública aprobada por el PP para dar un giro a las políticas de personal de los últimos 20 años.
Pero el Consell de Ximo Puig no parte de cero y tendrá que actuar sobre una administración con varios lastres, como son el alto porcentaje de interinidad y de funcionarios desplazados de su lugar de origen en función de afinidades personales o acomodo al poder. Las cifras son demoledoras y evidencian una Generalitat con un nivel de temporalidad insoportable. Así, de los más de 15.000 empleados de la Administración del Consell (sin contar a docentes y funcionarios), un total de 4.512 son interinos por el procedimiento de urgencia. Es decir, un 28% de la plantilla es interina y accedió a la Generalitat sin aprobar una oposición.
Según las fuentes consultadas por este diario, lo datos que maneja la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas no especifican qué proporción de este colectivo entró directamente a dedo, es decir, sin proceso selectivo alguno, y qué otra parte logró estar en nómina por aprobar algún examen o tras someterse a un proceso selectivo. En todo caso, es personal sin plaza consolidada. A los 4.512 empleados y empleadas hay que añadir los 800 que trabajan en la Administración mediante un contrato laboral temporal. En suma, más de 5.000 trabajadores no son fijos.
A la temporalidad de la plantilla hay que añadir la provisionalidad de la misma, ambas consecuencia de la congelación de las ofertas de empleo público y de procesos de promoción interna badas en el mérito y el acceso objetivo a puestos de responsabilidad.
Un total de 3.507 trabajadores están en comisión de servicios o en adscripción provisional. Es decir, no ocupan su plaza sino que han sido trasladados a dedo o otros puestos, la mayoría de las veces requeridos por altos funcionarios que, a su vez, fueron designados por libre designación. Tal como ha venido informando este diario, bajo el Gobierno popular las plazas de funcionarios que se ocupan por libre designación se han incrementado. En la actualidad y según la Generalitat, hay un total de 796 puestos que se cubren internamente a dedo sin concurso interno. En su mayoría son puestos de jefatura al que acceden funcionarios de carrera, pero «cercanos» al alto cargo en cuestión. El actual Consell ha mantenido estos puestos en la última relación de puestos de trabajo (RPT) publicada hace menos de un mes.
Estas cifras, según las fuentes consultadas, están recogidas en el informe y en ellas se basan los expertos para describir las «patologías» del sistema. Los sabios hablan, pues, de un elevado porcentaje interino y temporal y advierten de las consecuencias del abuso del sistema de libre designación y comisiones de servicios que han conformado un modelo de organización del personal «informal» basado en relaciones personales y que difícilmente pueden contribuir a mejorar la gestión pública.
El informe, en el que han participado ocho expertos en Derecho Administrativo bajo la presidencia de Miguel Sánchez Morón (ponente de la primera ley de función pública valenciana), es muy crítico con cómo se ha gestionado la plantilla funcionarial. Así, el documento da la razón al Consell en sus quejas sobre la falta de eficiencia cuando señala que históricamente el personal a cargo de la Función Pública se encuentra absorbido por el día a día y presta menos atención a la planificación de los recursos humanos. Añade que las decisiones son reflejo de la presión de intereses de grupos funcionariales.
