La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Universidad de Alicante difundirán mensajes contra el castigo físico en la infancia y los beneficios de su sustitución por las prácticas parentales positivas en productos de uso doméstico como los sobres de azúcar o en material de oficina, como bolígrafos o libretas.
Esta campaña se incluye dentro del proyecto europeo que van a desarrolar a partir de septiembre orientado a combatir el uso del castigo físico como una herramienta de educación en la infancia y fomentar por contra el uso de prácticas de educación positiva por parte de los padres y tutores, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El proyecto, lleva el nombre de 'Hands Up' (manos arriba), está impulsado desde Portugal, aunque en su puesta en marcha participarán otros países como España, Alemania, Bélgica y Grecia. Para su ejecución recibirán fondos de la Comisión Europea para este trabajo, que también irá dirigido a la concienciación de la población en general, sobre el rechazo del castigo físico a los menores.
El grupo de trabajo en el que se integran la Conselleria y la Universidad de Alicante comenzará sus trabajos el próximo mes de septiembre y entre sus labores está la puesta en marcha de una aplicación informática dirigida a padres y tutores con la que se quiere incidir en la importancia de la educación en positivo y la elaboración de material visual en este mismo sentido.
Desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se colaborará en el desarrollo y la difusión de estas iniciativas, que tienen una conexión directa con los principios desarrollados a través del Pacto Valenciano por la Infancia, aprobado por Les Corts Valencianes y en cuyo desarrollo se trabajará desde el Gobierno valenciano, según las mismas funetes.
Niños con derechos
Este acuerdo tiene entre sus principios rectores el hecho de que los niños y niñas deben ser considerados sujetos de derecho y destaca el interés superior de la infancia, e incide que en debe existir una perspectiva integral en todas las políticas públicas para la infancia, lo cual debe conducir a la coordinación de políticas y profesionales.
El pacto también incide en luchar contra la consideración social predominante que relega el protagonismo de la infancia al ámbito privado y familiar y reivindica que los niños y niñas vean reconocidos sus derechos ciudadanos y puedan ejercer una participación plena en la sociedad, más allá de iniciativa puntuales, para que su opinión sea escuchada en todos los asuntos que les afectan.
La no discriminación de la infancia, atendiendo a la diversidad y la vulnerabilidad desde un enfoque de equidad, como mecanismo para abordar la desigualdad, prevenir riesgos e igualar las oportunidades de todos los menores, son otros de los principios rectores del pacto.
