La Comisión Europea ha abierto una investigación para tratar de aclarar por qué el Consell no tramitó las ayudas a la VPO para 1.100 propietarios en la Comunidad Valenciana, lo que podría aumentar la factura al actual ejecutivo en otros 60 millones de euros, cantidad máxima calculada en el caso de que los damnificados recibieran el total del importe solicitado. Los otros 50.000 afectados por el retraso de los impagos desde 2007 han recibido ya 240 millones de euros, y Vivienda ha empezado a pagar esta semana otros 40 millones correspondientes a la denominada «resolución 501», que en su día no se aceptó el anterior ejecutivo autonómico y afecta a 2.360 personas en la provincia de Alicante.
La anterior responsable de Vivienda, Isabel Bonig, asegura, por su parte, que no hay irregularidades porque muchos expedientes de los que va a investigar ahora Europa estaban caducados.
La Conselleria de Vivienda ha mostrado todo el apoyo y colaboración con la Plataforma de Impagados de las Ayudas a la Vivienda. Así se lo ha transmitido la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, a los miembros de la plataforma en un encuentro para abordar el cumplimiento del calendario de pagos y la investigación que ha iniciado Europa.
Por ello, la directora general ha querido transmitir a la plataforma tranquilidad porque «el objetivo es trabajar para que todo el mundo pueda recibir y cobrar las ayudas». Torró subraya que «esto nos va a costar mucho porque la credibilidad de la conselleria ha quedado muy dañada por las actuaciones del anterior gobierno pero lucharemos para poder devolver a la Generalitat la credibilidad que se merece».
Documentación real
El Consell trasladará toda la información necesaria a la UE para que investiguen la gestión de las ayudas del anterior gobierno y también la intervención general está realizado una investigación para averiguar qué pasó con los más de 1.100 expedientes que se quedaron en los cajones por una resolución de paralización de la anterior consellera Isabel Bonig. La hoy líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana se muestra tranquila y ha reclamado, por su parte, a la conselleria María José Pastor que «envíe la documentación real».
