Vivienda ha empezado esta semana a pagar 40 millones de euros para atender las reclamaciones de los 5.600 compradores -2.360 en la provincia de Alicante- de una vivienda de protección oficial, a los que el anterior Consell no les reconoció la deuda pese a cumplir los requisitos (popularmente conocidos como los solicitantes por la resolución 501). Con ello, se aporta la misma «seguridad jurídica» que al resto de afectados por la deuda de 240 millones de euros que sí que está reconocida por la ley y prácticamente se ha pagado ya. La Conselleria procede desde esta semana, y en un periodo de entre 4 y 6 meses, al pago de las resoluciones 501, que ascienden a 40 millones de euros. Las subvenciones pendientes eran de entre 11.000 y 13.000 euros de media que la Generalitat no pagaba desde marzo de 2009. F. J. B.
