La concejala de Acción Social, Julia Angulo (Guanyar), señaló ayer que debe ser la Conselleria de Vivienda la que reubique a las familias del barrio Virgen del Carmen que están ocupando inmuebles públicos de manera ilegal. Cabe recordar que seis de estas familias ya han recibido cartas de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, para que abandonen estas casas bajo la amenaza de iniciar en los tribunales el proceso para su desalojo.

«Hemos estado en conversaciones esta mañana -por ayer- con el EIGE y nos han dicho que tienen en marcha un plan para reubicar a estas familias», explicó ayer Angulo. No obstante, la edil del Ayuntamiento de Alicante insiste en que el proceso de lanzamiento «no va a ser algo inmediato, de momento sólo se ha avisado a estas familias de cuál es la situación». En este sentido, desde el Ayuntamiento aún no se ha mantenido una reunión con los afectados que deben dejar las casas. «Aún no los están desalojando y será el EIGE el encargado de su realojo», insiste Angulo. Con todo, la concejal de Acción Social sostiene que «desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar en aquello que nos pida la conselleria». En un primer momento, Julia Angulo mostró su malestar porque el plan de desalojos se haya iniciado sin que el Ayuntamiento haya sido informado por parte del departamento de María José Salvador.

Un año de ocupaciones

La Conselleria de Vivienda quiere recuperar todas las viviendas de su propiedad que están ocupadas de manera ilegal. De momento comenzará por las que están en esta situación desde julio de 2015 y estudiará para una segunda fase qué hacer con aquellas que llevan más tiempo ocupadas. Según los datos de la conselleria, en el último año se han producido en las viviendas públicas de la Comunidad 136 ocupaciones irregulares, 68 de ellas en la provincia de Alicante. Sólo en el barrio del Carmen hay casi un centenar de viviendas ocupadas, 9 en el último año. Para atajar este problema, en los últimos años la conselleria ha mantenido reuniones con ayuntamientos y asociaciones de vecinos, «en las que se ha constatado la necesidad de no permitir ni una ocupación ilegal más».