Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y así hasta seis llamadas telefónicas hizo el pasado viernes el conseller de Economía y Comercio, Rafael Climent, al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. Ninguno de esos intentos obtuvo respuesta en el momento; alguno, incluso, cuentan que fue interrumpido por el receptor. Y tampoco ninguna de esas tentativas se «completó» con la devolución de la llamada por parte del regidor. Adaptando el refrán, dos no hablan si uno no quiere.
Y si el titular de Economía apuró al máximo a la hora de comunicar personalmente al alcalde de Alicante, antes incluso que a su homólogo en Valencia, Joan Ribó, que el Consell iba a acogerse a un defecto de forma en la tramitación realizada por el PP en 2013 para anular unilateralmente la actual Zona de Gran Afluencia Turística (la ZGAT o la fórmula que hoy permite que todos los comercios de Maisonnave abran sus puertas los festivos); Echávarri, en ese cruce descortés entre dos supuestos colegas políticos [PSOE y Compromís comparten el poder en la Generalitat, en el Ayuntamiento de Alicante y en decenas de municipios en la Comunidad], optó por no contestar a las llamadas y responder con una ofensiva verbal. Haciéndose el sorprendido, actitud que extraña en el Consell, Echávarri acusó al conseller de Economía de faltarle al respeto y de estar a la espera de «una explicación», mientras las llamadas perdidas se acumulaban en su móvil, para apenas un día después ahondar en sus palabras: «El señor Climent se presentó [en mayo] en el despacho de Alcaldía calificándose como un hombre de consensos. Es una lástima que haya faltado a su palabra».
Pero éstos no han sido los únicos choques, ni presumiblemente van a ser los últimos. Hace casi dos meses, en Twitter, el dirigente socialista se enzarzó en una tensa trifulca con Compromís en la que, incluso, llegó a reclamar a su socio Natxo Bellido que dimitiera. Un trimestre atrás, también pidió que Pavón se marchara del gobierno local, aunque en esta ocasión por motivos ajenos al comercio. Con Bellido, el telón de fondo, la excusa del momento, fue la decisión del Consell de reabrir Maisonnave todos los festivos, siguiendo un informe solicitado a la Abogacía de la Generalitat por la secretaria autonómica de Comercio, María José Mira. Con esa firma de la dirigente socialista -que poco o ningún «feeling» mantiene con su «jefe», el conseller de Economía-, Maisonnave volvía a abrir los domingos sus puertas cuatro meses después, quedando sin efecto la decisión del pleno del Ayuntamiento de Alicante que, por entonces abanderada por el propio Echávarri y con la única oposición del PP, aprobó a finales del pasado año el cierre total del comercio en Alicante en los festivos.
Y es que el debate sobre los horarios comerciales ha sufrido tantos bandazos en el fondo como encontronazos políticos en las formas, convirtiéndose en el principal foco de inestabilidad entre el gobierno municipal y la Generalitat, pese a que en ambas instituciones, PSOE y Compromís están al frente.
En el seno del tripartito, de hecho, Echávarri se quedó solo cuando decidió apostar por la libertad comercial total, yendo así en contra de lo suscrito en el pacto de gobierno, una iniciativa que encalló definitivamente en un pleno municipal donde el PSOE contó únicamente con los fieles votos de Ciudadanos. Luego llegó el acuerdo entre el alcalde y El Corte Inglés, con el que se garantizaba la creación de 200 empleos a tiempo parcial, a la vez que se mejoraba la conciliación de los trabajadores. Un pacto que se firmó bajo el argumento de que así se evitaba «volver a crear incertidumbre económica en la ciudad». Nada más lejos de la realidad, visto lo visto.
Con el nuevo «volantazo» de Comercio, que por su lenta tramitación no entrará en vigor hasta después del verano, la libertad comercial vuelve a situarse en el centro de la polémica.
En éstas, mientras el conseller insta al alcalde a que inicie ya las negociaciones con los actores implicados de la ciudad para ganar tiempo -sin olvidar que a una de esas partes, a representantes del comercio tradicional, el dirigente socialista los calificó de «voceros del corralito»-, el mismo Echávarri pide públicamente a Climent unos informes que será difícil que lleguen hasta el despacho más noble del Ayuntamiento de Alicante, ya que desde conselleria insisten en que la decisión de anular la actual ZGAT, la que beneficia a Maisonnave, no deriva de ningún escrito económico ni del impacto sobre el empleo, que son los que exige Echávarri, sino de una interpretación legal del informe solicitado a la Abogacía de la Generalitat.
Todo apunta a que el choque político entre Echávarri y Climent, cuya conselleria está en la diana ante la más que probable remodelación en el Consell por la entrada de Podemos, va a tener un largo y sinuoso recorrido. Entre el uno y el otro, aunque sin guardar necesariamente la equidistancia, se sitúa el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, que siempre ha abogado por un «diálogo» entre las partes que, en el actual escenario, no parece empresa nada sencilla.
Y mientras tanto, pacientemente, comerciantes y consumidores de Alicante aguardan a que los políticos con responsabilidades a nivel municipal y autonómico se dejen de las reiteradas batallas y trabajen para lograr el anhelado consenso que hoy se ve más que imposible.
