«Estamos actualizándolos, pero necesitamos un 20% más de presupuesto para cumplir con lo que exige la ley», sostiene el edil de Coordinación de Emergencias de Orihuela, Víctor Valverde. Las leyes de Protección Civil marcan unas exigencias muy difíciles de cumplir para la mayoría de los ayuntamientos de la provincia y de la Comunidad. El plazo legal para que todos los ayuntamientos presentasen sus protocolos actualizados acabó en 2013, pero a día de hoy y según datos del Centro Coordinación de Emergencias de la Generalitat, son minoría quienes así lo han hecho.
La causa es que no todos los municipios pueden permitirse tener un grupo de funcionarios dedicados actualizar bases «la lista de proveedores de cada pedanía por si hay un incendio en un monte y hay que alimentar al personal de extinción», como cuenta Valverde, a comprobar el mapa de las fábricas con riesgo químico o el catálogo de panificadoras y albergues por si hubiera un colapso de servicios básicos, entre otros detalles.
La ley de Protección Civil de 2015 deja claro que todas las entidades deben contar con estos planes, pero no establece cómo debe hacerlo. De ahí que en la provincia esta competencia la ejecuten desde departamentos de varias personas hasta funcionarios solos y cargados de trabajo extra. «Muy pocos ayuntamientos tienen un cartógrafo a tiempo completo. Para los más pequeños es prácticamente imposible hacer los planes por su cuenta», admite la jefa de Emergencias de la Generalitat, Mercé Trullén. «Les ayudamos nosotros».
Admite que menos de la mitad de los 542 ayuntamientos de la región tienen un plan homologado. «De los156 con más de 5.000 habitantes, sólo 41 lo tienen. De los pequeños, aún nos faltan 167», reconoce. Es «después de tener algún susto» cuando empiezan a agilizar los trámites para homologar el plan, añade la funcionaria.
