Se compró un coche antes de hacer los papeles. Con este ejemplo gráfico intentó explicar el técnico municipal Diego Agulló, citado como investigado por la contratación de una feria oulet en 2008, los hechos por los que ayer declaró en el marco de la causa que el magistrado Ángel Manuel Villanueva abrió como pieza separada del proceso que indaga supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de infraestructuras festivas, el conocido como caso Isjoma que después de más de un lustro acaba de reactivarse.
El instructor pretende averiguar si se habrían incumplido las normas de contratación en la adjudicación del montaje de una feria oulet que se celebró en el puerto de Alicante en octubre de 2009. Un contrato que se adjudicó a la mercantil Alavés Montajes S. L. y a cuyo responsable el técnico ahora investigado habría pedido que aportara facturas emitidas por terceros que no habían intervenido en esa ejecución al haberse adjudicado como contrato menor en vez de seguir un procedimiento negociado, lo que obliga a convocar a varias empresas. Una afirmación que ayer ratificó ante el magistrado José Alavés, el responsable de la mercantil a la que se adjudicó el montaje de la feria y quien se encontró con este planteamiento cuando fue a cobrar al Ayuntamiento los trabajos que había realizado.
Alavés, quien también denunció las supuestas irregularidades que dieron origen al caso Isjoma, puso estos hechos en conocimiento del juzgado a través de una grabación que realizó de su conversación con el técnico, de quien tenía sospechas de connivencia, junto al entonces jefe de Atención Urbana, Victor López, con el adjudicatario de las instalaciones festivas.
El juez sostiene que lo que se pretendía con lo planteado por el técnico era «la ocultación de la irregularidad cometida en la tramitación de la contratación administrativa», motivo por el que citó a Agulló como investigado por un delito de prevaricación.
Meses después
Ayer Agulló explicó a su señoría que él tuvo relación con la citada feria meses después de que se celebrara, cuando hubo que asumir unos pagos que autorizó el entonces concejal de Comercio, Antonio Sobrino, sin haber consultado previamente a los técnicos.
La que en principio iba a ser una aportación mínima por parte del Ayuntamiento, lo que no hubiera hecho necesario acudir a un procedimiento negociado, fue aumentando al echarse atrás la mayoría de los patrocinadores que se habían comprometido a sufragar los gastos, de los que al final sólo quedaron dos: la CAM y la Cámara de Comercio, que aportaron en total 24.000 euros de los 48.000 que supuso el montaje de las instalaciones. Una diferencia que tuvo que asumir el Ayuntamiento y que superaba los 18.000 que permiten una adjudicación directa. Fue en este marco, según relató el funcionario, en el que se le pidió a Alavés que para cobrar presentara facturas de otras empresas. De una forma gráfica, el técnico municipal explicó que se sabía el presupuesto de la feria, que se firmó, pero no cuánto iba a terminar pagando el Ayuntamiento. Y que cuando los patrocinadores comenzaron a borrarse, las únicas opciones que le quedaban al responsable municipal de Comercio eran suspender la feria o asumir el coste. Y optó por la última.
De continuar el magistrado con la instrucción de esta pieza y no acordar el sobreseimiento tras las declaraciones de ayer es más que probable que los próximos citados a declarar sean el exconcejal del PP Antonio Sobrino y los organizadores del certamen.
Las comparecencias de ayer se suman a las que tuvieron lugar el martes en el proceso que se sigue por la adjudicación de las infraestructuras festivas a Isjoma. Una causa en la que la principal declaración fue la del exconcejal popular Juan Zaragoza, quien aseguró ante el magistrado que si fue a comer con el propietario de la mercantil adjudicataria, Isidro García, fue porque se lo pidió su en esos momentos compañero de Corporación Andrés Llorens previa autorización de las exregidora Sonia Castedo.
Ambos ediles así como el empresario figuran como investigados en este procedimiento junto al exjefe de Atención Urbana Victor López, al exjefe de los Talleres Municipales Ginés Pérez Beltrán y a otro funcionario, Francisco R. Casal, quien no ha comparecido al encontrarse de baja. Tampoco declararon Isidro García y López, quienes se acogieron a su derecho a no hacerlo, ni el exvicealcalde Andrés Llorens, que solicitó al juez un aplazamiento para conocer la causa dado su volumen.
